Bolivia en alerta roja

14 enero 2020

A dos meses del golpe en Bolivia, la persecución se agudiza. El país andino amazónico vive una restauración conservadora, apoyada por una buena parte de la sociedad civil que durante todo el gobierno de Evo Morales fue debidamente estimulada por las campañas de odio tan conocidas en nuestra región.

Repasemos algunos casos que evidencian tal afirmación.

El 27 de diciembre la encargada de negocios de la embajada de España en La Paz visitó la residencia de la embajada de México, donde permanecen exiliados 9 ex funcionarios de Evo Morales. Lógicamente, en función del contexto lo hizo acompañada de un grupo de élite de las fuerzas de seguridad de su país.

A la salida de la legación, un grupo de civiles exaltados golpeó el vehículo diplomático en la creencia de que allí podría encontrarse el ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana. La policía local no intervino.

México ya había denunciado acoso oficial a su legación ante la Corte Internacional de Justicia; Bolivia expulsó a la embajadora azteca y a la encargada de negocios de España. Cuando la embajadora mexicana dejó la residencia con dirección al aeropuerto, su inmunidad diplomática fue violentada por los mismos grupos civiles que requisaron su vehículo, nuevamente sin intervención policial. Todo esto no mereció ningún comentario desfavorable en la prensa ni en el gobierno.

Este caso desató una nueva cacería de brujas, pero esta vez de alcance transcontinental. El regente del Ministerio de Gobierno, Arturo Murillo, realizó otra puesta en escena acompañado por dos diputados del partido ultraderechista español VOX, en el que reveló una nueva supertrama internacional de narcofinanciamiento entre las huestes de Evo Morales y las de Pablo Iglesias.

Los eurofascistas lucían extasiados y el cowboy Murillo ordenó a la fiscalía boliviana citar a declaración al nuevo vicepresidente de España (Iglesias), junto a Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, el ex juez Baltazar Garzón y el ex jefe de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La diputada del MAS Sonia Brito caracterizó al cruzado boliviano de manera precisa: “Murillo dice un montón de mentiras que tendrá que probar. Él es juez, fiscal, testigo, el ya juzga y sanciona a las personas que odia, haciendo absoluto abuso de poder, eso se llama dictadura”.

Horas antes ella misma había sido acusada falsamente de cometer diversos delitos ante un periodista, sin capacidad de repregunta.

El acompañamiento mediático que ofrece el paraguas necesario para consolidar toda esta sarta de atropellos tiene un capítulo fascinante, encarnado por el enviado especial del medio ultraderechista español OKDIARIO, Alejandro Estrambasaguas, quien llegó a Bolivia para “investigar” el financiamiento de Evo Morales al partido de Pablo Iglesias.

Como primera medida, el comunicador se dio a la tarea de hostigar a los agentes de seguridad españoles que abandonaron Bolivia desde el aeropuerto de El Alto. Allí el periodista se presenta en plan ciudadano indignado y monta su show; entre otras acusaciones cuestiona que los agentes huyan a la una y media de la mañana del aeropuerto.

La escena es digna de ver.

El aeropuerto internacional de El Alto tiene pocos vuelos internacionales y uno de los más utilizados para conectar con Europa es el que sale diariamente a las 2.30 A.M. hacia Bogotá.

Empoderado tras la escena del aeropuerto, Estrambasaguas entrevista al ministro de Defensa Fernando López, quien fue el encargado de convencer a los militares de dar el golpe contra Evo. Del encuentro nace el siguiente titular: “Pablo Iglesias representa el hilo conductor de la mafia terrorista sediciosa”.

La próxima misión de Estrambasaguas fue ir tras los pasos del ex ministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero. El periodista encuentra el edificio donde se “esconde” la ex autoridad y monta guardia, ahora parece más un agente de inteligencia al servicio de la dictadura boliviana que un profesional de la comunicación. Informa que Romero sale de su casa el 27 de diciembre, reporta que visita dos domicilios en la zona sur de la ciudad y que visita en reiteradas oportunidades la embajada argentina.

¿Aguantó la guardia tanto tiempo o recibe información de la policía boliviana capitaneada por Murillo?

Publica en su medio: “Acudía en taxi a la residencia de la Embajada de Argentina en La Paz de la calle Macario Pinilla, muy próxima al apartamento donde se esconde, allí pasaba varias horas reunido con altos cargos diplomáticos argentinos e incluso, en alguna ocasión llegó a dormir en las dependencias de la embajada”.

El periodista finalmente acosa a Romero en la entrada de su domicilio y horas más tarde Murillo vuelve a comparecer en TV, para informar que Romero ha sido citado a declarar.

En medio de toda la trama, los diputados de VOX visitan los sets televisivos en horario central. El congresista Hermann Tertsch afirma: “Los tenemos, tenemos a la gente que después forman Podemos, los tenemos también en otros países, los tenemos en Ecuador, pero sobre todo los tenemos en Venezuela. Los tenemos haciendo lo que es técnicas de represión, técnicas de desinformación, técnicas de guerra psicológica en la universidad, los tenemos haciendo todo tipo de prácticas de, de, de, de lo que es penetración comunista en general, y penetración y creación de cuadros comunistas precisamente para la represión…”.

Antes de lanzar Podemos, el grupo de sus cuadros principales pertenecían a una especie de think-tank de izquierda llamado CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales). Esta fundación asesoró los procesos constituyentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Por supuesto que no lo hicieron de manera gratuita.

El 11 de noviembre el militante y comunicador argentino Facundo Molares Schoenfeld fue internado en el Hospital Municipal Alfonso Gumucio Reyes Santa Cruz de la Sierra, en estado crítico. El origen de su dolencia es dudoso, unos dijeron que padeció una insuficiencia renal aguda y otros que tenía heridas por combatir con grupos contrarios a Evo Morales. El ciudadano argentino había pertenecido a las FARC e informó que estaba haciendo una cobertura periodística. Fue atendido en el hospital, detenido y trasladado a una prisión al Altiplano. Hace más de un mes no se sabe nada sobre su estado.

Durante la noche del sábado 4 de enero, la doctora Mirtha Mery Sanjinez Alcócer, jefa del hospital, fue detenida por haber prestado atención al paciente.

El 7 de enero, el Ministerio de Comunicación incautó equipos de la Radio Kausachum Coca que desde hace décadas es la voz de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

La Ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, informó que la radio de los cocaleros no cumple con el objeto de informar y educar con la verdad. “Respetamos la libertad de expresión, pero pondremos límites si pretenden desinformar”.

Es la misma funcionaria que acusó de sediciosos a Rolando Graña y al equipo de TN.

Pocos días antes del golpe, Lizárraga había visitado Miami donde fue invitada al programa del operador Jaime Bayly, quien al presentarla saludó su presencia gracias “a los buenos oficios de mi amigo Carlos Sánchez Berzaín”.

Sánchez Berzaín, más conocido como “el zorro” o “el chulupi” (cucaracha en guaraní), es un estrecho colaborador de la CIA que ofició como ministro de Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y es prófugo de la justicia boliviana por la masacre de octubre de 2003.

Actualmente, 592 ex funcionarios de Evo Morales están siendo investigados por la justicia boliviana. Mis fuentes me informan que los fiscales compiten por ver quién pone a más gente tras las rejas.

En la semana fue Donald Trump el encargado de ponerle el marco adecuado a toda esta situación.

“La prestación de asistencia de Estados Unidos a Bolivia en el año fiscal 2020 es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”.

Original: http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/01/14/bolivia-en-alerta-roja/

Bolivia on Red Alert

Andrés Sallari
https://i1.wp.com/media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2019/11/golpe-de-estado-bolivia-mov-sociales-580x327.jpgTwo months after the coup in Bolivia, the persecution is intensifying. The Andean Amazonian country is undergoing a conservative restoration, supported by part of civil society, that during the government of Evo Morales was duly stimulated by the hate campaigns so well known in our region.

We will review some cases that demonstrate this statement.

On December 27, the chargé d’affaires of the Spanish embassy in La Paz visited the residence of the Mexican embassy, where nine former officials of Evo Morales remain in exile. Naturally, in view of the context, she was accompanied by an elite group of her country’s security forces.

Upon leaving the embassy, a group of enthusiastic civilians attacked the diplomatic vehicle in the belief that former presidential minister Juan Ramon Quintana could be found there. The local police did not intervene.

Mexico had previously denounced official harassment of its diplomatic mission before the International Court of Justice; Bolivia expelled the Mexican ambassador and the Spanish chargé d’affaires. When the Mexican ambassador left the residence for the airport, her diplomatic immunity was violated by the same civic groups that seized her vehicle, again without police intervention. None of this merited any unfavorable comment from the press or the government.

A new witch hunt was unleashed, but this time with transcontinental scope. The regent of the Ministry of Government, Arturo Murillo, held another stakeout accompanied by two deputies from the ultra-right-wing Spanish party VOX, in which he revealed that there was a new international drug trafficking ring involving the supporters of Evo Morales and Pablo Iglesias.

The Eurofascists looked ecstatic when cowboy Murillo ordered the Bolivian public prosecutor’s office to summon the new Vice President of Spain (Iglesias), along with Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, former judge Baltazar Garzón and former head of government José Luis Rodríguez Zapatero, to appear in court.

MAS deputy Sonia Brito characterized the Bolivian crusader precisely: “Murillo is telling a lot of lies that he will have to prove. He is a judge, a prosecutor, a witness, he already judges and sanctions the people he hates, making absolute abuse of power, that is called dictatorship”.

Hours earlier she had been falsely accused of committing various crimes when confronted by a journalist, without the capacity to question.

The media backing that provides the necessary umbrella to consolidate this whole string of outrages contains a fascinating chapter, embodied by the special envoy of the Spanish ultra-right-wing media, OKDIARIO, Alejandro Estrambasaguas, who came to Bolivia to “investigate” Evo Morales’ financing of Pablo Iglesias’ political party.

As a first step, the reporter set about harassing Spanish security agents who left Bolivia from El Alto airport. There, the journalist presented himself as an indignant citizen and mounted his own performance. Among other accusations, he questioned the fact that the agents fled the airport at half past one in the morning.

The scene was worth watching.

El Alto’s international airport has few international flights and the one that leaves daily at 2:30 a.m. for Bogota is one of the most used to connect with Europe.

Behind the scenes at the airport, Estrambasaguas interviews Defense Minister Fernando Lopez, who was in charge of convincing the military to carry out the coup against Evo. The following headline emerged from the meeting: “Pablo Iglesias forms the common thread of the seditious terrorist mafia”.

Estrambasaguas’ next mission was to follow in the footsteps of Evo Morales’ former government minister, Carlos Romero. The journalist found the building where the former authority was “hiding” and stood guard, looking more like an intelligence operative at the service of the Bolivian dictatorship than a professional journalist. He reported that Romero left his home on December 27, and stated that he visited two homes in the southern part of the city and the Argentinean embassy on several occasions.

Did his guard hold out that long or did he receive information from the Bolivian police led by Murillo?

According to his press release: “He went by taxi to the residence of the Argentine Embassy in La Paz on Macario Pinilla Street, very close to the apartment where he is hiding, where he spent several hours meeting with high-ranking Argentine diplomats and even, on one occasion, slept in the embassy’s offices”.

The journalist finally accosted Romero at the entrance to his home and hours later Murillo appeared on TV again to report that Romero had been summoned to testify.

In the midst of the whole plot, VOX deputies visit the TV stations during prime time. Congressman Hermann Tertsch affirms: “We have them, we have the people who later form Podemos, we have them in other countries too, we have them in Ecuador, but above all we have them in Venezuela. We have them engaged in techniques of repression, disinformation and psychological warfare in the university, engaging in all kinds of communist penetration and creation of communist cadres precisely for repression…”.

Before launching Podemos, the group of its main cadres belonged to a kind of left-wing think-tank called CEPS (Center for Political and Social Studies). This foundation advised the constituent processes in Venezuela, Ecuador and Bolivia. Of course they did not do this for free.

On November 11, the Argentinean activist and journalist Facundo Molares Schoenfeld was admitted to the Alfonso Gumucio Reyes Santa Cruz de la Sierra Municipal Hospital in critical condition. The origin of his illness is dubious, some said he suffered acute kidney failure and others that he had injuries from fighting with groups opposed to Evo Morales. The Argentine citizen had belonged to the FARC and reported that he was doing journalistic work. He was treated at the hospital, arrested and transferred to a prison in the Altiplano. There has been no news about his condition for more than a month.

During the night of Saturday, January 4, Dr. Mirtha Mery Sanjinez Alcócer, the head of the hospital, was arrested because she had been caring for the patient.

On January 7, the Ministry of Communication seized equipment from Radio Kausachum Coca, which has been the voice of the Six Federations of the Tropic of Cochabamba for decades.

Communication Minister Roxana Lizárraga reported that the coca growers’ radio station does not comply with the objective of informing and educating about the truth. “We respect freedom of expression, but we will set limits if they try to misinform”.

The same official accused Rolando Graña and the TN team of sedition.

A few days before the coup, Lizárraga visited Miami where she was invited to the programme of Jaime Bayly, who welcomed her with “the good offices of my friend Carlos Sánchez Berzaín”.

Sánchez Berzaín, better known as “el zorro” or “el chulupi” (cockroach in Guaraní), is a CIA collaborator who served as Gonzalo Sánchez de Lozada’s government minister and is a fugitive from Bolivian justice for the massacre of October 2003.

Currently, 592 former officials of Evo Morales are under investigation by the Bolivian justice system. My sources inform me that prosecutors are competing to see who will put more people behind bars.

During the week, Donald Trump was in charge of providing the right framework for this entire operation.

“The provision of U.S. assistance to Bolivia in fiscal year 2020 is vital to the national interests of the United States”.

Source: https://libya360.wordpress.com/2020/01/15/bolivia-on-red-alert/

Militari e polizia in Bolivia: risentimento storico dell’apparato politico fascista

Ernesto Eterno, Internationalist 360º, 22 novembre 2019

La Bolivia vive un altro momento di rottura sociale e politica nella sua lunga storia di instabilità e golpe civile-polizia-militari. Ciò che accade, oltre la tragedia vissuta da questo popolo eroico, ha molti paradossi che non possono essere ignorati. Il primo è l’incomprensibile avventura distruttiva di un Paese che si dirigeva verso il 21° secolo con un percorso senza precedenti nel diventare una democrazia. Mai prima d’ora il Paese aveva ottenuto ciò che molti invidiano: crescita economica sostenuta, stabilità politica, unità nazionale in costruzione e rispettoso impegno internazionale, nonché risultati sociali e sconfitta secolare delle due maledizioni del sottosviluppo: estrema povertà e analfabetismo. Il secondo paradosso è sostenere che vi fu una successione costituzionale quando in realtà ciò che accadde fu l’assalto pianificato al potere. Dalla detenzione dei municipi nel Paese in una simulazione democratica all’ammutinamento della polizia, ciò che fu interessato era il rimaneggiamento della scacchiera politica orchestrato ad arte, da qualche tempo ormai, nelle viscere dell’impero con la complicità della élite razzista regionale coperta da una religiosità macabra. Jeanine Ánhez, che si autodefinisce “presidente costituzionale”, rappresenta la presa illegale e illegittima del potere, null’altro che il corollario del piano golpista finemente tessuto negli ultimi tre o quattro anni. Questo finale fascista fu preceduto da una serie di operazioni segrete sistematicamente attuate e che le agenzie d’intelligence non seppero rilevare o che nascosero. Il terzo paradosso è il ruolo angosciante dei media che, quando gli piace, si definiscono democratici, trasparenti e indipendenti. Oggi sono semplicemente un branco di disinformatori senza scrupoli, una vergognosa macchina della manipolazione al servizio degli interessi commerciali monopolistici. Insieme alla panoplia di menzogne sistematiche, dirette dalla diplomazia pubblica nordamericana, i social network adempivano al loro ruolo perverso di filtrare sproporzionatamente, sia nei contenuti che nella portata, il presunto “male masista, inclusa l’enorme broglio”, nascondendo brutalità e violenze del paramilitarismo di Santa Cruz, delle bande armate cochalas o della polizia di La Paz.

Il quarto paradosso ha a che fare col ruolo della struttura monopolistica della violenza legittima progettata per proteggere lo Stato e i cittadini, mentre in realtà genera violenza, morte e terrore nel sostenere un regime illegittimo contro la volontà della maggioranza popolare. Mai prima d’ora polizia e militari, inguainati nella presunta difesa della democrazia e nel controllo delle proteste, puntarono così lontano le armi della repressione dalle “sale di guerra”.
Protetti dal nuovo regime violento, militari e polizia coesistono uniti dal sangue e lutto di decine di boliviani nel pieno del loro odio ancestrale a un comando politico transitorio che ne ignora il controverso passato. Come possiamo capire che militari e polizia, il cui reciproco risentimento di oltre un secolo di storie istituzionali distanti segnate dal fuoco, supportano oggi la struttura gelatinosa di un regime che ha causato solo morti e feriti? Al di là del surrealismo che li circonda, polizia e militari sono in una guerra silenziosa nel pieno del colpo di Stato che continua senza sosta nonostante il numero di morti suggellati delle loro armi letali. Il risentimento che circonda entrambe le istituzioni, la cui storia non era ancora chiarita nel 21° secolo, costituisce i veri limiti del regime golpista. I sintomi dell’asprezza iniziarono a emergere nelle turbolente manifestazioni sociali. Entrambi i fronti repressivi si accusavano a vicenda di aver sparato a civili indifesi, assumendosene la responsabilità tra gli sconvolgimenti sociali. La polizia che accusa i militari che accusano la polizia è una costante che tende ad approfondirsi col passare delle ore. Il ruolo tragicomico dell’ufficio del procuratore generale appare sulla scena cercando di calmare il panico delle aziende coll’argomento che le armi pesanti avevano causato le morti. Un sintomo della crisi irreversibile. Per evitare ulteriori conflitti e distrarre l”opinione pubblica, il governo golpista, consigliato dalle agenzie statunitensi, accusò degli stranieri armati come FARC, cubani, colombiani e venezuelani delle morti causate da forze repressive ufficiali. La disputa perenne per preservare il potere politico da entrambe le istituzioni produce scismi interni dalle conseguente possibile debacle del regime del golpista fascista basato su baionette, gas e piombo.

Tra i militari
Sedici anni dopo aver compiuto uno dei più sanguinari massacri contro il popolo di El Alto, che portò a condanne e detenzione dei comandanti dell’epoca, le forze armate tornavano in piazza vestite con l’inconfondibile cachi statunitense con la missione di affrontare l’escalation dei conflitti sociali nel Paese. Il 10 novembre, il comandante in capo delle forze armate, il generale Ejto Kalimán, apparentemente sconcertato e con voce tremante, ordinò l’uscita delle forze armate sulle strade, il cui tragico risultato finora supera i venti morti. La metà delle vittime, per lo più giovani, furono del “massacro della Sacaba”. Nulla può suggerire che tale decisione porterà Kaliman e i suoi comandanti nello stesso posto in cui i loro predecessori, responsabili del massacro di El Alto nell’ottobre 2003, scontano la sentenza. La decisione di Kalimán, che contrastava radicalmente con quella del Presidente Morales, è una delle principali espressioni del fallimento istruttivo e pedagogico delle forze armate nelle crisi politiche. Evo Morales si dimise proprio per evitare morti inutili, contrariamente a Kalimán che ordinava ai militari di uscire, sapendo le conseguenze. Chi impose a Kalimán l’ordine di schierare i soldati per le strade? Perché tale decisione fu modificata ventiquattro ore dopo, quando promise al suo generale-capitano che non avrebbe mosso alcuna unità militare col pretesto di carenza di equipaggiamento, munizioni e agenti chimici? L’autonomia politica di Kaliman al culmine della crisi sociale e politica che precipitò quest’ultimo colpo di Stato ritrae in qualche modo non solo il fallimento del comando politico sull’esercito, ma anche l’incomprensione delle sue etica professionale, e conservativa, pragmatica, opportunistica e immediata ideologia e cultura aziendali. Anche il lavoro autonomo della scuola antimperialista non servì a moderare la decisione di Kaliman in circostanze che richiedevano un minimo di fedeltà statale. L’Alto Comando svolse il ruolo più critico secondo le precedenti conversazioni con Luis Fernando Camacho e funzionari dell’ambasciata degli Stati Uniti. Non va dimenticato che Kalimán fu un addetto militare a Washington per un paio d’anni e che alcuni membri della sua famiglia rimasero negli Stati Uniti.
Attualmente, i militari che occupano la catena di comando affrontano il dilemma di uscire per strada a continuare a reprimere il popolo o rimanere nelle caserme a causa delle disastrose conseguenze dell’intervento nelle strade. Ma il dubbio più forte sorge dalla responsabilità militare o della polizia una volta che la calma ritornerà nel Paese. Molti ufficiali ritengono che la polizia porrà tutta la responsabilità dei morti e feriti sulle forze armate poiché solo esse usano tali armi. I calcoli postbellici iniziano a minare la fiducia delle truppe nei loro comandanti che ritengono irresponsabili e inadeguati. La valutazione dell’amministrazione di Evo Morales attraversa i corridoi delle caserme. Sostengono che Evo li escluse da qualsiasi conflitto sociale per tredici anni, una situazione che gli permise di accrescere la loro legittimità istituzionale agli occhi del pubblico di fronte al discredito della polizia per l’evidente corruzione e indisciplina. Gli ufficiali ammisero che il loro salariale e la qualità della vita cambiarono sostanzialmente col “processo di cambiamento”, mentre l’incursione in compiti sociali gli permise di essere considerati dal governo “soldati della éatria”. I bonus “Juancito Pinto” o “Renta Dignidad” o la gestione delle catastrofi naturali affidata alle forze armate facilitò un rapporto sensibile con la società. Oltre a questo, la valutazione dell’aumento del budget della Difesa, l’acquisto di beni e miglioramento della qualità della vita del soldato sono parte della loro memoria immediata. Tuttavia, oggi, in meno di una settimana, un regime di fatto comandato da un gruppo politico radicale e da capi religiosi fanatici portava le forze armate a confrontarsi con disprezzo e condanna della società ed internazionale, i cui effetti non saranno superati nei prossimi decenni. Col grido collettivo di “militari assassini!” belle strade, i quadri intermedi temono di subire conseguenze: diserzione dei soldati nel pieno del conflitto, una sconfitta morale senza precedenti; perdita di potere negli spazi che Evo Morales costruì per garantirsi fedeltà, come nel caso della Sicurezza presidenziale (USDE), accesso a posizioni pubbliche di alto livello (gestione di società statali) e persino posizioni diplomatiche; il discredito istituzionale che comporterà la drammatica riduzione dei coscritti a servizio militare obbligatorio che in realtà giustificava l’esistenza dell’istituzione; ripudio popolare permanente sulle strade; processi.
I disordini militari di fronte agli eventi e l’elevato numero di vittime derivanti dalla repressione portava a interrogativi sull’alto comando e a una sfiducia interna senza precedenti. In un rapporto inviato alle unità militari dell’Ottava divisione dell’esercito dal comando in capo delle forze armate, il 14 novembre 2019, si affermava che il corpo degli ufficiali “osserva la condotta dei cadetti, reclute e soldati del Chapare, regione in tutte le attività erano sviluppate nelle unità”. Questa disposizione esprimeva paura viscerale nei confronti dei propri soldati, confermandone ancora una volta lo status di forza di occupazione coloniale. Questo rapporto esprime l’atroce paura del mondo indigeno, ma anche disprezzo e sfiducia generati dalla loro presenza nelle forze armate. Una vera aberrazione culturale e corporativa dopo oltre 35 anni di democrazia e 13 anni di apparente inclusione indigena nelle forze armate. Questo è il miglior esempio del fallimento della presunta democratizzazione militare e della coesistenza plurinazionale ed interculturale nel mondo in uniforme. Molti ufficiali sensibili al conflitto storico con la polizia mettevno in dubbio la decisione poco saggia e inopportuna di Kalimán, perché avrebbe “salvato” la polizia in un momento chiave di crisi operativa. Il rogo della Whipala da parte degli agenti di polizia e la rimozione di quel simbolo dalla loro uniforme provocò un profondo disordine sociale che portava ad attacchi alle loro strutture, costringendoli a chiedere supporto militare per salvarsi dalla rabbia popolare. Il risentimento contro la bandiera costituzionalmente riconosciuta causò la rottura tra polizia e popolazione rurale e indigena. La verità è che il proverbiale odio tra esercito e polizia continuava a fluire nel pieno golpe grottesco, sostenuto dall’uso irrazionale della forza e dal comportamento razzista del governo che assomiglia alle vecchie dittature militari guidate da slogan ultramontani stranieri.
Il colpo di Stato contro il processo democratico guidato da Evo Morales ha l’inconfondibile sigillo delle forze armate come attori protagonisti, sebbene fu la polizia nazionale a guidare il colpo di Stato dalla città di Cochabamba, l’8 novembre. Apparentemente, ul 10 novembre 2019 passerà alla storia come uno di quei giorni tragicomici in cui un generale mediocre e opportunista come Kalimán, con uno stato maggiore pusillanime e degradante, decise di rassegnare le dimissioni per interesse di un eticamente decaduto, moralmente rovinato e patetico circo della polizia che usava la Bibbia come scudo religioso per legittimare la propria sopravvivenza. Alcuni settori delle Forze armate ritennero che l’assedio popolare contro la polizia costituisse il momento migliore per saldare i conti degli eventi del febbraio 2003. In quell’occasione, cecchini della polizia, addestrati dagli Stati Uniti, uccisero diversi soldati del Reggimento della scorta presidenziale in modo vigliacco, quando la folla tentò di entrare nel Palazzo del Governo per reazione a una misura economica anti-popolare. Secondo molti ufficiali, Kaliman divenne il proverbiale eroe dei giorni vergognosi del colpo di Stato della polizia, un fenomeno mai immaginato dalle forze armate. Un triste ruolo politico fu svolto dai militari che dovettero salvare la vita al loro aspro nemico storico quando era sull’orlo del collasso delle repressione. Il capo dipartimentale della polizia di La Paz chiedeva in lacrime l’aiuto delle forze armate per difendersi dall’assedio dei movimenti sociali che combattevano per licenziare la presidentessa autoproclamata. Il supporto militare a una languida polizia in uno scenario di controversie politiche era un episodio eccezionale. Nel 1952, l’esercito fu sconfitto dal movimento operaio che portò la polizia a cavalcare la schiuma rivoluzionaria per vendicarsi del cattivo trattamento che i militari diedero ai carabinieri dell’epoca. Normalmente, la polizia nazionale si allineava ai colpi di stato militari come un cane con la coda tra le gambe, nel tentativo di assicurarsi il banchetto burocratico. Il 10 novembre successe il contrario.
Nella polizia
Il colpo di Stato promosso dalle forze di polizia della città di Cochabamba contro il governo di Evo Morales era un non segreto maliziosamente ignorato dal Ministero, abilmente gestito dal comandante generale della polizia e articolato in modo efficiente dalle forze di opposizione di destra che sapevano da anni che la polizia nazionale costituiva un formidabile alleato dei loro piani destabilizzanti. L’opposizione, consigliata da agenti esteri, iniziò a lavorare interno della polizia mentre il governo li ignorava o vi si appellava solo in caso di conflitto sociale. Non vi è dubbio che nella catena geografica di controllo e comando della struttura di polizia, il dipartimento di Santa Cruz, e in particolare la città di Santa Cruz, costituiva l’anello più debole in cui fu costruita una sorta di patto delle complicità tra ministero e forze di polizia guidate da ufficiali collegati alla costellazione criminale regionale. Paradossalmente, il luogo in cui il crimine acquisiva dimensioni transnazionali era precisamente il luogo in cui fu costruita l’architettura della regolamentazione della polizia del crimine, come nel caso del carcere di Palmasola. Allo stesso modo, tale rete di complicità politico-poliziesca si estese ai circuiti mafiosi del traffico di droga, traffico di armi, case da gioco o traffico di terre a favore di stranieri le cui attività erano gestite da agenti di polizia dalle sponsorizzazioni politiche. Santa Cruz era una specie di territorio della polizia autonomo abilmente utilizzato dalle forze d’opposizione che vedeva nei suoi margini di autonomia statale le migliori condizioni per la cospirazione armata e sediziosa. Nei tredici anni del governo di Evo Morales non ci fu la capacità di generare una politica di istituzionalizzazione, modernizzazione o disciplina professionale delle forze di polizia. Al contrario, i capi della polizia, incoraggiati da continue rotazioni, beneficiarono di privilegi inimmaginabili cui si aggiunse una cultura della corruzione scandalosa, goffa o deliberatamente trascurata. Solo alla fine del mandato di Morales la polizia ebbe un moderno sistema di controllo territoriale nel quadro della sicurezza dei cittadini noto come BOL 110, che aumentò la capacità di produrre informazioni a fini informali. Il supporto tecnologico servì da cortese concessione elettorale che la polizia accolse senza l’entusiasmo previsto. Il rapporto tra governo e polizia in oltre un decennio soffrì di difetti strutturali, ma il peggio era affidare a un alto funzionario una responsabilità centrale quando le sue priorità erano guidare le squadre di calcio.
Morales affrontò diversi episodi di insubordinazione, rivolte e sedizione della polizia placati dopo complesse trattative, ma non si risolsero mai strutturalmente. Le radici del malcontento della polizia furono alimentate internamente, mantenendo tale clima invariabile e cumulativo nel tempo. Allo stesso tempo, la colossale corruzione della polizia non fu trattata in modo adeguato e proporzionato dal governo. Privilegi di polizia, corruzione e ampi margini di criminalità aziendale operavano e funzionavano a livello di comando lasciando ai subordinati solo le briciole, una situazione che aggravava il malessere dei poliziotti subordinati di cui era responsabile il governo nazionale. D’altra parte, il rapporto politico-militare privilegiato generò un profondo risentimento nella polizia nazionale. La polizia si vide come cittadini di seconda classe di fronte al trattamento del governo dei militari come cittadini di prima classe. La presenza del Oresidente Evo Morales in occasione degli anniversari militari, i discorsi solleciti che valutano il lavoro militare, nonché privilegi e prerogative concesse periodicamente, costituivano “sistematiche offensive” contro una polizia che operava quotidianamente in condizioni deplorevoli. La disparità di trattamento del governo nazionale a favore delle forze armate, costruzione di edifici, campi sportivi, acquisto di attrezzature e materiali militari, costosi investimenti in tecnologia come radar, ecc., alimentò un forte rancore anti-militare e anti-governativo nella polizia. L’espressa propensione del governo Morales a favorire le forze armate fu presa come un’umiliazione persistente che fu tradotta in una narrazione antigovernativa dagli ufficiali in merito ai loro subordinati con informazioni sfavorevoli. Oltre allo sdegnato rapporto tra Evo Morales e Polizia, il governo nazionale attuò tagli alle principali fonti di entrate istituzionali. Sebbene le decisioni fossero corrette, volte ad eliminare la corruzione, furono interpretate diversamente dalla polizia nel desiderio di preservare nicchie di privilegio burocratico. Morales andò molto oltre nel ridurre le prerogative della polizia assegnando alle forze armate il compito di combattere il contrabbando. Le unità anti-contrabbando della polizia furono sciolte e sostituite da unità militari. I militari occuparono il confine, spezzando le reti dell’illegalità e del controllo territoriale, il che significava doppia amputazione: per i gruppi criminale che vivevano della fertile attività del contrabbando, e per la polizia che viveva proteggendo le reti dell’illegalità a cui garantiva protezione e impunità. Fu tale polizia sediziosa che affrontò il governo di Evo Morales e ottenne direttamente o indirettamente le sue dimissioni. Mai prima d’ora la polizia era riuscita a rovesciare un governo democratico come fece tale organizzazione indisciplinata e politicamente malata.
Il colpo di Stato civile non aveva solo una componente politica ma anche vendicativa alimentata dal ricordo di presunti obbrobri, privazione e maltrattamenti. Le rivolte della polizia riflettevano l’odio atroce contro il governo, che si era contenuto e che poi esplodeva in ondate successive sostenute da una classe media che si esprimeva nelle strade lasciando che i suoi profondi malcontento e disprezzo corressero contro un governo in piena ritirata. Il colpo di Stato della polizia, sostenuto e guidato nelle strade dalle proteste della classe media, permise d’intravederne lo sfaccettato scopo. In primo luogo fu la migliore occasione per vendicarsi del governo per maltrattamenti e sfratti istituzionali, una sorta di catarsi corporativa infiammata da una retorica di odio e religiosità esplosa senza che nessuno ne capisse il potenziale effetto. Le rivolte incarnarono il compito di riguadagnare i privilegi corporativi recisi per motivi politici e ceduti alle forze armate dal governo. Il primo obiettivo che la polizia recuperò, per i suoi effetti simbolici, fu l’unità della sicurezza presidenziale (USDE) dalle mani dell’esercito. Una volta completate le dimissioni di Evo Morales, la polizia nazionale non tardò un minuto nel prendersi carico del dispositivo di sicurezza della Casa Grande del Pueblo, costringendo il corpo di sicurezza presidenziale a liberare immediatamente l’edificio. Gli oltre settanta membri di questa squadra speciale, che aveva protetto Morales per più di un decennio, furono costretti a ritirarsi, umiliati, dallo stato maggiore delle forze armate, per ricevere nuovi incarichi. Allo stesso modo e con un assalto, la polizia nazionale si riprese il controllo degli edifici del Servizio di identificazione personale (SEGIP) istituzionalizzati dal governo Morales per stroncare sul nascere una delle principali fonti della corruzione della polizia. La presa della polizia di istituzioni, spazi e prerogative faceva parte delle promesse del caudillo di Santa Cruz Luis Fernando Camacho, per portarla al colpo di stato, obiettivo raggiunto quasi chirurgicamente. In uno dei consigli tenuti a Santa Cruz, Camacho promise di restituire tutte le istituzioni “ingiustamente portate via dal governo nazionale” e di concedergli un trattamento salariale e pensionistico simile a quello delle Forze armate, un incentivo inconfutabile.
Oltre ai complessi problemi affrontati dal nuovo comando di polizia, gli agenti subiscono pericolosi segni di esaurimento fisico dopo oltre venti giorni di lavori per strada e repressione. Tuttavia, li rafforzamento della polizia in questo contesto di crisi si traduceva in azioni pericolose di piccoli gruppi che operavano indipendentemente dal comando centrale. Tale clima incerto, con un governo che faceva appello a un discorso recalcitrante e un ministro governato dall’odio atroce contro i funzionari governativi, promuovevano la formazione di gruppi di poliziotti e paramilitari che agivano secondo una logica vendicativa e mercenaria. Tra le turbolenze politiche, era sorto un nuovo fattore di disordini tra la polizia, generato dalla concessione di 34 milioni di bolivianos alle forze armate per coprire i costi della logistica della repressione. I membri della polizia nazionale sospettavano che tali risorse servissero a favorire i capi militari come “bonus fedeltà”. Allo stesso tempo, si aggravavano i disordini contro il governo golpista e le forze armate, coll’approvazione del DS 4078, il cui obiettivo era autorizzare l’uso di militari, attrezzature e armi garantendone l’immunità, una condizione non goduta dalle forze di polizia.
Conclusioni
È chiaro che militari e polizia sono i pilastri su cui si basa il potere del governo golpista. Sembra anche chiaro che tali pilastri contengano controversie storicamente irrisolte e inconciliabili che col passare del tempo creeranno maggiori frattura e polarizzazione. Al di là del carattere provvisorio, un governo con buon senso dovrebbe conoscere le profonde fratture tra enti al fine di evitare di essere sconfitto dalle conseguenze. Fortunatamente, il governo golpista guarda solo all’ombra e non alla realtà e quindi durerà poco, quanto l’esplosione convulsa di entrambi gli enti che iniziano a contorcersi per annullarsi o distruggersi a vicenda. Se il sangue sarà a fiumi non dipenderà dai complottarsi golpisti, ma dalle profonde ferite riaperte da un comando politico ignorante, arrogante, rabbioso e suicida. Il colpo di Stato ha i suoi limiti paradossali nell’uso della polizia e dei militari e questo dipende dal come tale duello storico sarà risolto nelle viscere del potere fascista. Con una polizia nazionale alienata dalle molteplici contraddizioni interne e dalle forze armate sconcertate dalla dimensione del conflitto e dalle future responsabilità politiche, legali e istituzionali, i boliviani vivono in un panorama desolato.
Traduzione di Alessandro Lattanzio

Bolivia, laboratorio di una nuova strategia di destabilizzazione

La stampa internazionale è cauta nel riferire quanto accade in Bolivia. Descrive il rovesciamento del presidente Evo Morales, parla di un ennesimo colpo di Stato, ma non riesce a inquadrare quel che sta davvero succedendo. Non si accorge del nascere d’una nuova forza politica, finora sconosciuta in America Latina. Secondo Thierry Meyssan, se le autorità religiose del continente non si assumeranno subito le proprie responsabilità, niente riuscirà a impedire il dilagare del caos.

| Damasco (Siria)

La nuova presidente dello Stato Plurinazionale della Bolivia brandisce i Quattro Vangeli e denuncia i “riti satanici” degli indios. Diversamente dai commenti della stampa internazionale, Jeanine Áñez non se la prende con gli indios – peraltro tutti cristiani – in quanto etnia, ma vuole imporre il fanatismo religioso.
Il 14 ottobre 2019, in un’intervista alla televisione Giga Vision, il presidente Evo Morales dichiarò di possedere registrazioni comprovanti la preparazione di un colpo di Stato da parte di esponenti dell’estrema destra e di ex militari, da mettere in atto qualora avesse vinto le elezioni [1].

Quel che poi è accaduto non è un vero e proprio colpo di Stato: è un rovesciamento del presidente costituzionale. Niente induce a credere che il nuovo regime saprà stabilizzare il Paese. Sono i primordi di un periodo di caos.
Le rivolte che si sono susseguite dal 21 ottobre hanno indotto a fuggire, l’uno dopo l’altro, il presidente, il vicepresidente, il presidente del senato, il presidente dell’Assemblea nazionale, nonché il primo vicepresidente del senato. Le sommosse non sono però cessate con l’intronizzazione alla presidenza ad interim, il 12 novembre scorso, della seconda vicepresidente del senato, Jeanine Áñez. Il partito di Áñez ha solo quattro deputati e senatori su 130. In compenso, la nomina di un nuovo governo senza indigeni ha spinto gli indios a scendere in piazza in sostituzione dei sicari che hanno cacciato il governo Morales.
Ovunque si registrano violenze interetniche. La stampa locale riferisce delle umiliazioni pubbliche e degli stupri. E conta i morti.

Se è evidente che la presidente Áñez ha il sostegno dell’esercito, non si sa invece chi abbia cacciato Morales: potrebbe essere una forza locale o una società transnazionale, oppure entrambe. L’annullamento di un mega-contratto per lo sfruttamento delle miniere di litio potrebbe aver spinto un concorrente a investire nel rovesciamento del presidente.
Una cosa soltanto è certa: gli Stati Uniti d’America, che adesso si rallegrano per il corso preso dagli avvenimenti, non li hanno provocati, sebbene cittadini e funzionari USA vi siano probabilmente implicati, come ha affermato il direttore dell’SVR [Servizio d’intelligence internazionale, ndt] russo, Sergueï Narychkine.
La pubblicazione della registrazione di una conversazione tra la ministra degli Esteri della Colombia, Claudia Blum, e l’ambasciatore colombiano a Washington, Francisco Santos, in un caffè della capitale statunitense, non lascia dubbi [2]: in questo momento il segretario di Stato USA Mike Pompeo è contrario a ogni intervento in America Latina; ha già mollato l’autoproclamatosi presidente del Venezuela, Juan Guaidó, facendo precipitare nello sgomento la Colombia anti-Maduro, e rifiuta ogni contatto con i numerosi apprendisti putschisti latino-americani.
Sembra che la nomina di Elliot Abrams come rappresentante speciale USA per il Venezuela non sia stata soltanto il prezzo della chiusura dell’inchiesta russa del procuratore Robert Mueller [3], ma anche un mezzo per farla finita con i neo-conservatori dell’amministrazione. Questo “diplomatico” si è comportato talmente male che in pochi mesi ha distrutto ogni speranza d’intervento imperialista USA in America Latina.
Del resto, il dipartimento di Stato USA è un cumulo di macerie: alti diplomatici hanno testimoniato contro il presidente Trump davanti alla commissione della Camera dei Rappresentanti incaricata dell’impeachment.
Ma chi conduce il gioco se non è l’amministrazione Trump a farlo? Evidentemente ci sono ancora residui importanti delle reti create dalla CIA negli anni dal 1950 al 1970. Dopo quarant’anni sono ancora presenti in numerosi Paesi dell’America Latina e possono agire autonomamente, con pochi appoggi esterni.

Le ombre del passato

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Ante Pavelić, capo della milizia degli ustascia, e il suo protettore, l’arcivescovo cattolico di Zagabria, monsignor Alojzije Stepinac. Il primo è ritenuto uno dei peggiori criminali della seconda guerra mondiale, il secondo viene considerato santo per aver lottato contro il comunismo.

Quando gli Stati Uniti decisero di arginare l’URSS, il primo direttore della CIA, Allen Dulles, e il fratello, il segretario di Stato John Foster Dulles, esfiltrarono miliziani dell’Asse un po’ ovunque nel mondo per combattere i partiti comunisti. Furono riuniti in un’associazione, la Lega Anticomunista Mondiale (WACL) [4], che organizzò in America Latina il “piano Condor” [5] per una cooperazione fra i regimi filo-USA e per assassinare i leader rivoluzionari, ovunque si rifugiassero.
Il generale-presidente boliviano Alfredo Ovando Candia (1965-1970) affidò al nazista Klaus Barbie (il “macellaio di Lione”) la caccia all’argentino Che Guevara. Barbie riuscì a eleminarlo nel 1967, come nel 1943 aveva fatto con il capo della Resistenza francese, Jean Moulin. Durante le dittature del generale Hugo Banzer Suárez (1971-1978) e di Luis Garcia Meza Tejada (1980-81), Klaus Barbie, assistito da Stefano Delle Chiaie (membro di Gladio, che organizzò in Italia il tentativo del colpo di Stato del principe Borghese), ristrutturò la polizia e i servizi segreti boliviani.
Dopo le dimissioni del presidente statunitense Richard Nixon, gli Stati Uniti si dedicarono alla grande operazione di trasparenza con le commissioni Church, Pike e Rockefeller sulle attività segrete della CIA. Il mondo scoprì soltanto le increspature di superficie, che erano comunque troppo. Nel 1977 il presidente Jimmy Carter nominò l’ammiraglio Stansfield Turner a capo della CIA, con l’incarico di ripulirla dai collaboratori dell’Asse e di trasformare i regimi filo-americani da dittature in democrazie. È perciò legittimo chiedersi come abbiano potuto Klaus Barbie e Stefano delle Chiaie supervisionare fino al 1981 il sistema repressivo della Bolivia.
Evidentemente Barbie e Delle Chiaie erano riusciti a organizzare la società boliviana in modo da prescindere dal sostegno di Casa Bianca e CIA. Gli bastava il sostegno discreto di qualche alto funzionario statunitense e il denaro di qualche multinazionale. Allo stesso modo hanno probabilmente agito i putschisti del 2019.
Durante il periodo anticomunista, Barbie favorì l’installazione in Bolivia di croati ustascia che avevano facilitato la sua fuga dall’Europa. Quest’organizzazione terrorista, creata nel 1929, rivendicava in primo luogo un’identità cattolica e aveva il sostegno della Santa Sede nella lotta contro i sovietici. Nel periodo tra le due guerre compì numerosi assassinii politici, fra gli altri quello, in Francia, del re ortodosso Alessandro I di Jugoslavia. Con la seconda guerra mondiale gli ustascia si allearono con fascisti e nazisti, pur conservando la propria specificità. Massacrarono gli ortodossi e arruolarono i mussulmani. In contraddizione con il cristianesimo cui in origine si riferivano, promossero una visione razzista del mondo e non consideravano gli slavi e gli ebrei come esseri umani a pieno titolo [6]. Alla fine della seconda guerra mondiale gli ustascia e il loro capo Ante Pavelić fuggirono dall’Europa e si rifugiarono in Argentina, dove furono accolti dal generale Juan Perón. Alcuni di loro però rifiutarono la sua politica e si staccarono: il gruppuscolo più intransigente emigrò in Bolivia [7].

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Per il neo-ustascia Luis Fernando Camacho, «la Bolivia appartiene a Cristo!»; una verità lapalissiana in una Paese al 98% cristiano. Ma cosa intende esattamente?

Gli ustascia in Bolivia

Quali che siano le ragioni etiche, è sempre difficile rinunciare a uno strumento offensivo. Così non bisogna meravigliarsi che collaboratori cacciati dal presidente Carter dalla CIA collaborarono con il vicepresidente di Ronald Reagan ed ex direttore della CIA, George Bush senior. Alcuni di loro formarono l’Antibolchevik Bloc of Nations [8]; si trattava soprattutto di ucraini [9], baltici [10] e croati. Tutti criminali oggi al potere.

Concerto di un gruppo ustascia a Zagabria nel 2007.

Gli ustascia boliviani hanno mantenuto legami con i fratelli d’armi in Croazia, in particolare durante la guerra del 1991-1995, in cui sostennero il partito cristiano-democratico di Franjo Tudman. In Bolivia hanno creato l’Unione Giovanile Cruceñista, milizia nota per le violenze antirazziali e le uccisioni d’indios aymara. Uno dei vecchi capi, l’avvocato e uomo d’affari Luis Fernando Camacho, è oggi presidente del Comitato Civico pro-Santa Cruz. È lui che apertamente dirige i sicari che hanno cacciato dal Paese l’aymara Evo Morales.
Sembra che anche il nuovo comandante in capo dell’esercito, Iván Patricio Inchausti Rioja, provenga dagli ustascia di Croazia. È lui che guida la repressione contro gli indios, munito della licenza d’uccidere della presidente Jeanine Áñes.
La forza degli ustascia boliviani non è nel numero. Sono solo un gruppuscolo. Eppure sono riusciti a cacciare il presidente Morales. La loro forza sta nell’ideologia: strumentalizzare la religione per giustificare il crimine. In un Paese cristiano nessuno osa opporsi spontaneamente a persone che si richiamano a Cristo.
Tutti i cristiani che hanno letto o sentito la nuova presidente annunciare il ritorno al governo della Bibbia e dei Quattro Vangeli — lei non sembra fare distinzione tra i due testi — e denunciare i «riti satanici degli indios» ne sono stati scioccati. Tutti hanno pensato fosse adepta di una setta. No, è soltanto una fervente cattolica.
Da molti anni mettiamo in guardia contro i partigiani al Pentagono della strategia Rumsfeld/Cebrowski, che vogliono fare nel Bacino dei Caraibi quanto fatto nel Medio Oriente Allargato. Sotto l’aspetto tecnico, il loro piano si è sempre scontrato con l’assenza di una forza latina, comparabile ai Fratelli Mussulmani e ad Al Qaeda. Tutte le macchinazioni partivano dalla tradizionale opposizione dei “capitalisti liberali” ai “socialisti del XXI secolo”. Non è più così. Ora una corrente interna al cattolicesimo predica la violenza in nome di Dio. Essa rende fattibile il caos. I cattolici latini si trovano nella stessa situazione dei sunniti arabi: devono con urgenza condannare questi individui per non essere travolti dalla loro violenza.

[1] Bolivie: Morales redoute un coup d’Etat s’il gagne les élections, AFP, 15 novembre 2019.
[2] Exclusivo: audios de polémica charla entre embajador Francisco Santos y la nueva canciller Claudia Blum, Publimetro Colombia, 20 de noviembre de 2019.
[3] “Venezuela, Iran: Trump e lo Stato Profondo”, di Thierry Meyssan, Traduzione Rachele Marmetti, Rete Voltaire, 21 maggio 2019.
[4] «L’internazionale criminale: la Lega anticomunista mondiale», Thierry Meyssan, Rete Voltaire, 3 luglio 2016, traduzione di Alessandro Lattanzio.
[5] Operación Cóndor, 40 años después. Stella Calloni, Infojus (2015).
[6] Nel 1823 il poeta Antun Mihanović, influenzato dal romanticismo tedesco, s’interrogò sulla possibile origine non-slava dei croati. Partendo da quest’ipotesi romantica, Ante Starčević teorizzò la giustificazione dell’indipendenza croata nei confronti di altri popoli dei Balcani. È su tale base che gli ustascia edificarono l’ideologia razialista, indipendentemente quindi dal nazismo. I nazisti, che avrebbero dovuto considerare i croati come sub-umani e farne i loro schiavi, trovarono comodo mobilitarli al proprio fianco, fingendo di credere a questo mito. Cf. The Racial Idea in the Independent State of Croatia. Origins and Theory, Nevenko Bartulin, Brill, 2014.
[7] Nationalism and Terror. Ante Pavelic and Ustasha Terrorism from Fascism to the Cold War, Pino Adriano and Giorgio Cingolani, Central European University Press (2018).
[8] Old Nazis, the new right and the Republican party, Russ Bellant, South End Press, 1988.
[9] «Chi sono i nazisti nel governo ucraino?», Thierry Meyssan, Rete Voltaire, 4 marzo 2014, traduzione di Alessandro Lattanzio. «Ucraina: Stato canaglia neo-nazista incombente in Europa», Andrej Fomin, Fonte: Oriental Review (Russia), 28 febbraio 2014, traduzione di Alessandro Lattanzio. «Neo-nazi addestrati dagli Usa», Manlio Dinucci, Il Manifesto, 10 febbraio 2015. «Manifestazione nazista a Kiev», Rete Voltaire, 17 ottobre 2017, traduzione di Rachele Marmetti. «In Ucraina vivaio Nato di neonazisti», Manlio Dinucci, Il Manifesto, 23 luglio 2019.
[10] «La présidente de la Lettonie réhabilite le nazisme» par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 16 mars 2005. «Diritto di replica del governo lettone», ambasciatrice Solvita Aboltina, commenti di Manlio Dinucci e Thierry Meyssan, Rete Voltaire, 11 ottobre 2018.

I golpisti boliviani sono stati addestrata dalla School of the Americas dell’esercito USA e dallo FBI

The GrayZone, 13 novembre 2019 (trad.ossin)
I golpisti boliviani sono stati addestrata dalla School of the Americas dell’esercito USA e dallo FBI
Jeb Sprague
I comandanti dell’esercito e della polizia della Bolivia hanno contribuito a pianificare il colpo di Stato e ne hanno garantito il successo. In precedenza erano stati addestrati alla insurrezione dagli USA, nei programmi di formazione della famigerata School of the Americas e dallo FBI
Gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo chiave e diretto nel colpo di Stato militare in Bolivia, anche se poco evidenziato nelle cronache degli eventi che hanno costretto il presidente eletto del paese, Evo Morales, a dimettersi il 10 novembre.
Poco prima delle dimissioni di Morales, il comandante delle forze armate della Bolivia, Williams Kaliman, “suggerì” che il presidente si dimettesse. Il giorno dopo, settori delle forze di polizia del paese si ribellarono.
Per quanto Kaliman sembri avere finto sentimenti lealtà nei confronti di Morales nel corso degli anni, ha poi mostrato la sua vera faccia non appena è giunto il momento opportuno. Non è stato solo un attore del colpo di Stato, egli aveva già una storia a Washington, dove aveva per breve tempo ricoperto il ruolo di addetto militare dell’ambasciata della Bolivia nella capitale degli Stati Uniti.
 
Kaliman si trovava al vertice di una struttura di comando militare e di polizia che è stata sostanzialmente strutturata dagli Stati Uniti attraverso la WHINSEC, la scuola di addestramento militare di Fort Benning, in Georgia, conosciuta in passato come la School of the Americas. Lo stesso Kaliman ha frequentato un corso chiamato “Comando y Estado Mayor” alla SOA nel 2003.
Almeno sei tra i principali attori del colpo di Stato sono ex-alunni della famigerata School of the Americas, mentre Kaliman e un’altra figura hanno prestato servizio in passato come addetti militari e di polizia della Bolivia a Washington.
All’interno della polizia boliviana, i principali comandanti che hanno contribuito a realizzare il colpo di stato sono passati attraverso il programma di scambi di polizia della APALA. Operando da Washington DC, APALA ha il compito di costruire relazioni tra le autorità statunitensi e i funzionari di polizia degli Stati dell’America Latina. Nonostante la sua influenza, o forse proprio per questo, il programma non è molto pubblicizzato. Per chi scrive è stato impossibile raggiungere telefonicamente qualcuno dell’organizzazione.
È di uso comune per i governi di assegnare un piccolo numero di persone alle ambasciate del loro paese all’estero come addetti militari o di polizia. Il defunto Philip Agee, un ex funzionario della CIA che fu il primo a denunciare i metodi dell’agenzia, spiegò nel suo libro divulgativo del 1975 che i servizi segreti statunitensi usavano reclutare ufficiali militari e di polizia stranieri, ivi compresi gli addetti alle ambasciate, per utilizzarli poi in operazione di regime change o insurrezionali.
Come risulta dagli oltre 11.000 documenti FOIA che ho ottenuto durante la stesura del mio libro sulla campagna paramilitare mirante all’abbattimento del legittimo governo di Haiti nel febbraio 2004, e alla repressione post colpo di Stato, i funzionari statunitensi avevano lavorato per anni per ingraziarsi e stabilire collegamenti con la polizia, l’esercito e gli ex ufficiali dell’esercito haitiano. Queste connessioni, così come gli sforzi di reclutamento e raccolta di informazioni, alla fine hanno dato i loro frutti.
Anche in Bolivia, il ruolo dei funzionari militari e di polizia addestrati dagli Stati Uniti è stato fondamentale per realizzare il regime change. Agenzie governative statunitensi come USAID finanziano apertamente gruppi anti-Morales nel paese da molti anni. Ma il modo in cui le forze di sicurezza del paese sono state utilizzate come cavallo di Troia dai servizi di intelligence statunitensi è meno noto. Con le dimissioni forzate di Morales, tuttavia, è oramai impossibile negare quanto questo sia stato un fattore critico.
Come questa indagine chiarirà, la trama del colpo di stato non avrebbe potuto avere successo senza l’approvazione entusiastica dei comandanti militari e di polizia del paese. E il loro consenso è stato fortemente influenzato dagli Stati Uniti, dove molti di loro erano stati addestrati e programmati per l’insurrezione.
Registrazioni audio mostrano ex allievi della School of the Americas pianificare un colpo di Stato
L’ audio trapelato che è stato riportato dal sito web di notizie boliviane La Época, e da elperiodicocr.com e da una serie di media nazionali, rivela che vi è stato un coordinamento segreto tra ex ed attuali capi militari, di polizia e dell’opposizione durante il colpo di Stato.
Le registrazioni audio trapelate mostrano che l’ex sindaco di Cochabamba ed ex candidato alla presidenza, Manfred Reyes Villa, ha svolto un ruolo centrale nella trama. Reyes è un ex allievo di WHINSEC (precedentemente nota col nome di School of the Americas), che attualmente risiede negli Stati Uniti.
Gli altri quattro che vengono presentate o si presentano per nome nell’audio trapelato sono il generale Remberto Siles Vasquez (audio 12); Il colonnello Julio César Maldonado Leoni (audio 8 e 9); Il colonnello Oscar Pacello Aguirre (audio 14) e il colonnello Teobaldo Cardozo Guevara (audio 10). Tutti e quattro questi ex ufficiali militari sono stati allievi della SOA.
Cardozo Guevara, in particolare, si vanta delle sue relazioni con ufficiali attualmente in servizio attivo.
Le identità di questi individui sono confermate da un controllo incrociato tra le liste degli ex allievi della School of the Americas e Facebook, articoli della stampa boliviana locale e registrazioni audio trapelate.
La School of the Americas è un noto sito di formazione per putschisti latinoamericani, risalente al momento culminante della Guerra Fredda. Brutali regime change e operazioni di rappresaglia, da Haiti all’Honduras, sono state condotte da ex allievi della SOA e alcune delle juntas più sanguinarie nella storia della regione sono state gestite dagli ex alunni della scuola.
Per molti anni, manifestanti contro la guerra hanno organizzato veglie di protesta dinanzi al quartier generale della SOA, presso la base militare di Fort Benning vicino a Columbus, in Georgia.
Una veglia di protesta dinanzi alla School of the Americas a Fort Benning
Il leader di quelle proteste, padre Roy Bourgeois, ha descritto la SOA come “una scuola di combattimento”. E ha continuato:
La maggior parte dei corsi ruota attorno a ciò che chiamano guerra contro l’insurrezione. Chi sono gli insorti? Dobbiamo porre questa domanda. Sono i poveri. Sono i popoli dell’America Latina che chiedono riforme. Sono i contadini senza terra che hanno fame. Sono operatori sanitari, sostenitori dei diritti umani, organizzatori sindacali, e diventano gli insorti, sono visti come “el enemigo” – il nemico. E sono coloro che diventano i bersagli di chi segue i corsi della School of the Americas.
Bourgeois fu espulso dalla Bolivia nel 1977, allorquando si levò contro le violazioni dei diritti umani del generale Hugo Banzer, un dittatore di destra che era salito al potere con un colpo di Stato appoggiato dagli USA che abbatté un governo di sinistra. La storia si ripete oggi che eredi ideologici di Banzer scacciano dal governo un altro leader socialista, ricorrendo a tattiche di destabilizzazione collaudate nel tempo.
Nelle registrazioni audio trapelate di recente, i putschisti discutono piani per incendiare edifici governativi, per convincere sindacati sensibili agli interessi del mondo degli affari a organizzare scioperi, e di altre tattiche – tutte tratte direttamente dai manuali della CIA.
Si allude anche, nell’audio trapelato, al fatto che il tentativo di colpo di Stato sarebbe stato sostenuto da vari gruppi evangelici, nonché dal presidente colombiano Iván Duque, dall’ex presidente colombiano Álvaro Uribe e, specialmente, dal presidente neofascista brasiliano Jair Bolsonaro.
I putschisti menzionano anche il forte sostegno dei senatori statunitensi di estrema destra Ted Cruz, Bob Menéndez e Marco Rubio, che si dice siano molto ascoltati dal presidente Donald Trump in materia di politica estera USA nell’emisfero occidentale.
Addetti militari e di polizia a Washington DC: un terreno fertile per le reti di intelligence statunitensi
Mentre la tensione montava nel corso delle ultime settimane, è stato il comandante generale della polizia boliviana, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, a sbloccare lo stallo, provocando la rivolta di gran parte della polizia il 9 novembre, appena un giorno prima della dimissioni di Morales .
Ten.Col. Vladimir Yuri Calderón Mariscal (terzo a sinistra) con altri funzionari APALA nel 2018
Nel 2018 Calderón Mariscal è stato Presidente di Police Attachés of Latin America in the United States of America (APALA), con sede a Washington, DC.
APALA è stato descritto come un programma di “sicurezza multidimensionale” che lavora per costruire relazioni e connessioni tra le autorità statunitensi e i funzionari di polizia di molti membri dell’Organizzazione degli Stati americani.
Alla fondazione di APALA nel 2012, l’allora segretario generale dell’OAS José Miguel Insulza (al centro nella foto sotto) ha incontrato la direzione del gruppo.
Oggi APALA accoglie addetti della polizia di 10 paesi: Brasile, Bolivia, Colombia, Cile, Ecuador, El Salvador, Panama, Perù, Messico e Repubblica Dominicana.
Secondo la sua pagina Facebook, il gruppo “è nato, con l’obiettivo di creare, promuovere e rafforzare legami di solidarietà, amicizia, cooperazione e supporto tra i membri del gruppo e le loro famiglie attraverso attività sociali e culturali, che consentano di generare sviluppo integrale “.
Afferma di facilitare “l’integrazione e lo scambio tra le istituzioni di polizia che la compongono, oltre a promuovere lo scambio di esperienze di successo sviluppate dalle diverse forze di polizia dell’America Latina”.
Foto di Calderón Mariscal (al centro-destra) presso l’accademia di addestramento dell’FBI che si trova a 58 km da Washington, DC
Organizzazione misteriosa, APALA ha chiuso il suo sito Web ApalaUSA.com e non risponde alle chiamate telefoniche. Funziona in qualche modo come braccio delle agenzie federali statunitensi. La sua piattaforma di social media, e ora il sito Web defunto, mostrano numerosi incontri e foto di funzionari e partecipanti APALA insieme a esponenti di FBI, DEA, ICE (agenzia per l’immigrazione) e altri funzionari statunitensi.
Come ha spiegato Philip Agee nel suo libro Inside the Company, la CIA spesso utilizza altre agenzie governative statunitensi come l’FBI e l’USAID, nonché varie organizzazioni di facciata, per svolgere le sue attività clandestine senza lasciare impronte digitali.
Sotto: partecipanti APALA presso la sede dell’FBI a Washington DC
Uno dei principali tesserati dell’APALA è Alex Zunca, un agente di polizia di Baltimora che è il direttore degli affari internazionali della Hispanic National Law Enforcement Association, con sede a Washington, DC.
L’indirizzo di APALA, indicato sul suo sito Web ormai defunto, è lo stesso dell’ambasciata del Messico a Washington, DC. Il gruppo si sarebbe trasferito dall’ambasciata messicana, almeno tra il 2017 e il 2018 quando il suo sito Web era attivo, durante l’amministrazione dell’ex presidente messicano americano Enrique Peña Nieto.
È interessante notare che un collega di Calderón Mariscal, e anche ex presidente dell’APALA, è un ministro associato della polizia federale del Messico di nome Nicolás González Perrin.
Sotto, lo si può vedere seduto accanto a una bandiera nazionale messicana e ad un cappello dell’FBI.
In un’intervista del 2017 al Washington Hispanic, un giornale di Washington in lingua spagnola, González Perrin ha dichiarato “che APALA tiene riunioni, in modo permanente, con le più importanti agenzie federali degli Stati Uniti”, da INTERPOL a DEA, ICE e FBI, che lavorano con noi, in base a bisogni reciproci”.
Un altro importante tesserato di APALA è Hector Ivan Mejia Velasquez, ex commissario generale della polizia nazionale dell’Honduras, che ha condotto operazioni brutali contro i manifestanti nel suo paese e pubblica regolarmente post anti-sinistra nei social media.
Le telefonate al contatto pubblico di APALA, il cui nome sembra essere Alvaro Andrade, non hanno ricevuto risposta. Le mie chiamate al suo numero, localizzato a Rockville, nel Maryland, sono andate direttamente a un messaggio vocale che diceva trattarsi di un contatto riservato. Il webmaster dell’ex sito Web di APALA è Mario Ruiz Madrigal, un ingegnere di sistema residente in Messico.
APALA, la cui pagina Facebook Andrade sembra funzionare, ha lavorato anche con altri agenti di polizia boliviani, come l’addetto alla polizia boliviana Heroldina Henao.
L’altro elemento-chiave che ha contribuito a realizzare il colpo di Stato del 10 novembre è il generale Williams Kaliman, l’attuale capo dell’esercito della Bolivia. Ha servito come addetto militare dell’ambasciata del suo paese a Washington, DC nel 2013. Un decennio prima, era stato allievo della SOA. Poco si sa del suo soggiorno negli Stati Uniti.
Generale Williams Kaliman, capo dell’esercito della Bolivia
In momenti diversi, sia Kaliman che Calderón Mariscal sembrano essere stati fedeli o hanno finto lealtà verso il governo costituzionale, ma alla fine si sono separati da esso o sono stati convinti nel tempo a realizzare un putsch militare.
Da parte sua, il presidente deposto Morales ha affermato che, a un membro della sua squadra di sicurezza, sono stati offerti $ 50.000 per tradirlo.
Il colpo di Stato del 10 novembre non si è materializzato dal nulla. Gli ultimi eventi boliviani sono intimamente collegati al tentativo degli Stati Uniti di influenzare le forze militari e di polizia all’estero attraverso programmi come SOA e APALA.
Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump esalta il golpe come un “momento significativo per la democrazia nell’emisfero occidentale”, i boliviani sono improvvisamente caduti sotto il controllo di un regime militare di fatto.
Jeb Sprague è ricercatore associato presso l’Università della California, a Riverside, e precedentemente ha insegnato presso UVA e UCSB. È autore di “Globalizzazione dei Caraibi: economia politica, cambiamento sociale e classe capitalista transnazionale” (Temple University Press, 2019), “Paramilitarismo e l’assalto alla democrazia ad Haiti” (Monthly Review Press, 2012), ed è l’editore di “Globalizzazione e capitalismo transnazionale in Asia e Oceania” (Routledge, 2016). È co-fondatore della Network for the Critical Studies of Global Capitalism. Visita il suo blog all’indirizzo: http://jebsprague.blogspot.com

Ossin pubblica articoli che considera onesti, intelligenti e ben documentati. Ciò non significa che ne condivida necessariamente il contenuto. Solo, ne ritiene utile la lettura

Preso da: https://www.ossin.org/bolivia/2562-i-golpisti-boliviani-sono-stati-addestrata-dalla-school-of-the-americas-dell-esercito-usa-e-dallo-fbi

Las masacres de Sacaba y Senkata: cómo opera el terrorismo de Estado en Bolivia

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El 15 de noviembre fue llevada a cabo la masacre de Sacaba, en el que militares y policías asesinaron a ciudadanos y cocaleros del Chapare (Foto: Jorge Abrego / EFE)

Las masacres de Sacaba y Senkata: cómo opera el terrorismo de Estado en Bolivia

Luego de unos días recopilando información en El Alto, la delegación asignada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Bolivia, presidida por Pablo Abrao, afirmó que “no hay garantías” para llevar a cabo una investigación imparcial sobre las masacres ocurridas en el mes de noviembre, perpetradas por las fuerzas armadas y la policía que formaron parte del golpe de Estado contra Evo Morales.

Las víctimas de las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) dieron testimonio de los sucesos a la CIDH, que siendo el ala de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), resulta paradójico que se alce una voz solidaria con quienes han sufrido más tras el cambio de régimen.

El relator de la CIDH para los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Francisco José Eguiguren, dijo en una entrevista con CNN que la entidad va a plantear “que debe constituirse un grupo interdisciplinario e internacional de expertos”, que deberá investigar “a profundidad los sucesos ocurridos luego de la renuncia del presidente Morales y la anulación electoral, que han causado por lo menos dos masacres claramente verificadas, una en El Alto y otra en Cochabamba”.

Tal iniciativa fue apoyada por el depuesto Morales, quien desde su exilio en México ha estado denunciando el proceso de persecución y represión política que lleva a cabo el gobierno de facto encabezado por la senadora autoproclamada Jeanine Áñez.

Por otro lado, otra delegación, de Argentina, fue a corroborar las denuncias sobre violación de derechos humanos en Bolivia, investigación que fue torpedeada agresivamente tanto por ciudadanos que apoyan el actual gobierno de facto así como por el propio “ministro” Arturo Murillo.

La comitiva argentina corroboró, mediante recopilación de información, testimonios, datos de primera mano, que en Bolivia se han cometido “delitos de lesa humanidad” tras la asunción de Áñez. Cuenta Página/12:

“La delegación habló de ‘violaciones sistemáticas a los derechos humanos’ tras haber corroborado delitos tales como la ‘desaparición forzosa de personas’, ‘situaciones de tortura en espacios públicos’, ‘violaciones y delitos sexuales’ y ‘falta de garantías procesales para los detenidos’, entre otros crímenes que dan cuenta de ‘la situación de terror’ con la que se encontraron allí.

“La delegación dijo contar con material probatorio del ‘apoyo explícito’ de países extranjeros en el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. ‘Tenemos testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores claves del golpe, particularmente con Fernando Camacho’, subrayaron al detallar en qué contexto particular se desencadenaron las violaciones a los derechos humanos.

“‘Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios, de torturas, de violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas, que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos’, puntualizaron.

“El grupo interdisciplinario hizo especial hincapié también en ‘las masacres coordinadas contra la población civil’, al referirse específicamente al ataque represivo en Senkata, cuando militares abrieron fuego en una planta de combustibles.

En total, la delegación argentina denunció 11 delitos enmarcados en la violación de los derechos fundamentales reconocidos por las leyes internacionales.

Está claro que la caracterización de masacre aplica, a juicio de la CIDH y el referido grupo independiente, para lo ocurrido a mediados de noviembre en el marco del golpe en Bolivia.

Los hechos

El 15 de noviembre la autoproclamada Jeanine Áñez firmó un decreto con el que autoriza a los militares a usar “todos sus medios disponibles” para neutralizar las masivas manifestaciones en contra del golpe.

  • El artículo 3 del llamado decreto supremo número 4.078 establecía: “El personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.
  • El artículo siguiente señala que los militares “deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante decreto supremo 27.977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.

Este decreto del gobierno de facto construyó el marco “legal” para que se dieran los dos más grandes hechos represivos en Bolivia desde que depusieran a Evo Morales.

Fue ese mismo día, aquel 15 de noviembre, cuando fueron masacradas nueve (9) personas a balas por las fuerzas armadas y la policía en El Alto, cocaleros de los pueblos originarios que marchaban en Sacaba (Cochabamba) rumbo a La Paz por la degradación anticonstitucional de la wiphala, bandera representativa del Estado plurinacional, y contra el golpe de Estado y la represión.

Los testimonios hablan del terror que vivieron los sobrevivientes y los heridos, quienes estaban desarmados ante el frente militar-policial que disparó a mansalva amparado por un decreto que fue altamente criticado por sus mismas víctimas. La mayoría de las víctimas formaban parte de la estructura sindical de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

  • Al día siguiente, 16 de noviembre, fue asesinado otro manifestante en Sacaba.
  • El 19 de noviembre, en Senkata (El Alto), frente a la planta de combustible de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la represión militar-policial dio muerte a siete personas. También fueron heridas 60. Todas por impacto de bala.

Se hizo viral un video grabado en el sitio donde un doctor denuncia la masacre mientras auxilia a los heridos, quien luego fue detenido injustamente por el gobierno de Áñez debido al audiovisual, un gesto de represalia judicial. El médico pidió ayuda y dijo que “nos están matando como perros”.

Al día siguiente, en el marco de la misma operación de represión en la planta, ya que la orden oficial fue la de recuperar el flujo de combustibles hacia La Paz, murió una persona asesinada por el aparato militar-policial. El 22 de noviembre fue masacrada otra víctima.

Los reportes y autopsias apuntan que las muertes de ambas masacres fueron causadas por impactos en la cabeza y el torso, muestra más que suficiente de que tiraban a morir. Licencia para matar.

Cabe decir que la operación tuvo “éxito”, pues neutralizó la resistencia de los manifestantes anti-golpe a fuerza de sangre y lodo.

  • Desde que comenzara el conflicto boliviano, la Defensoría del Pueblo reporta que ha habido 34 muertes, 832 heridos y 54 detenidos.
  • La última víctima de la represión en El Alto fue la muerte de una persona el 27 de noviembre. Son 10 los fallecidos por la masacre de Senkata.

Áñez retiró el jueves 28 de noviembre el decreto Nº 4.078, alegando que su gobierno había logrado la “ansiada pacificación” de Bolivia.

Con este cese de inmunidad a la represión oficial, culminó una operación de blanqueamiento de las masacres que empezó con el verbo del aparato golpista amplificado por los medios aliados al cambio de régimen. Un testimonio de Senkata expresó: “Nos están matando y no hay ningún canal boliviano“.

Encubrimiento mediático del crimen

Lo que proyectan los medios hasta el sol de hoy es que Morales era un “dictador” que se “buscó su propio golpe”, línea de opinión compartida tanto por columnistas de Infobae como por cierta “izquierda”. Los llamados líderes de la “sociedad civil”, sobre todo los pudientes empresarios de Santa Cruz (centro económico boliviano), junto con “jóvenes estudiantes” y “gente común” lograron un clímax propicio para la “recuperación de la democracia”.

Las narrativas para un cambio de régimen no difieren mucho del manual si se trata de un golpe de Estado tutelado por la OEA y el gobierno de los Estados Unidos. La misma autoproclamada Áñez dio las gracias a la cadena CNN “por toda la cobertura de lo que ha pasado en Bolivia”, una confesión de partes que evidencia el papel activo de los medios en la construcción de sentido y percepción de los momentos.

Dicha cobertura, no hay sorpresa, solo dio voz al verdugo, no a la víctima.

En el marco de la masacre de Senkata, las fuerzas armadas justificaron la intervención militar desde el primer momento mediante un comunicado, que hizo referencia al Manual del Uso de la Fuerza en Conflictos Internos, firmado en 2005 por Carlos Mesa, entonces presidente, tal vez queriendo decir que la impunidad brindada por el decreto Nª 4.078 no era necesaria en este caso por tratarse de un “Servicio Público Esencial Estratégico”: había que restablecer el flujo de combustible a como diera lugar.

“Exhortamos a mantener la racionalidad para evitar daños irreversibles en las personas, en la propiedad pública y privada del sector”: la cruenta represión estaba justificada, así, con un neolenguaje que hablaba de “racionalidad” y “daños irreversibles” cuando las víctimas fueron objeto de masacres.

De hecho, las muertes fueron excusadas por el ejército como necesarias para “evitar un mal mayor” citando un informe técnico. En los medios repetían que, de no haber sido contenido el avance de “agitadores y vándalos enardecidos”, pudo haberse generado una explosión en cadena tras la hipotética afectación de los contenedores centrales de gas producto de los disparos, lo que pudo haber ocasionado miles de muertos.

Aquellos mismos medios, a escala boliviana e internacional, hablaban de “choques” y “enfrentamientos” entre los cuerpos militares-policiales y los manifestantes desarmados, para obviar esa palabra tan incómoda llamada “represión” (si el caso fuera -de nuevo- en Venezuela, Cuba o Nicaragua, se invertirían los términos).

Estos argumentos no resisten el menor análisis de los hechos, como lo han demostrado la Defensoría del Pueblo, la CIDH y la comitiva argentina.

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Manifestantes heridos dentro de una ambulancia en Sacaba (Cochabamba) el día de la masacre (Foto: Danilo Balderrama / Reuters)

El silencio mediático y en redes sociales en torno a lo ocurrido en Sacaba y Senkata es la guinda del pastel para la operación de blanqueamiento de las masacres, que cataliza el shock de la población consecuencia de los eventos hacia una asimilación de la muerte violenta. El miedo al asesinato sin impunidad trasvasa el discurso oficial y el mediático sobre la psique de cualquier que intente movilizarse en el marco del conflicto post-golpe.

Las salidas forzosas del aire de los canales TeleSur y RT en Bolivia forman parte de este blindaje narrativa para el encubrimiento criminal del gobierno de facto, con la censura de bandera.

Es por eso que el relator de la CIDH en Bolivia insiste: “A pesar de que la información oficial habla de muertes en enfrentamientos entre civiles, creemos que se requiere de una investigación internacional porque no encontramos internamente garantías para una investigación imparcial y firme”.

Motivos para una masacre

Se suele llamar de “irracional” a las masacres, pues para que se desencadene una existe un detonante mas no una causa. Sin embargo, el análisis lleva a concluir que lo de Sacaba y Senkata fueron hechos calculados, por lo menos eso aclaran los testimonios y reportes de los acontecimientos.

A solo días de la represión en Cochabamba, Evo Morales denunció vía Twitter que los golpistas buscaban consumar un “estado de sitio” en Bolivia.

Las víctimas y familiares de los caídos han denunciado a medios alternativos que lograron cubrir los testimonios pertinentes de la represión, de manera continua, que “nos están matando”, “nos disparan como animales”, pidiendo justicia.

Detallan cómo los militares disparaban tiros desde los helicópteros, de cómo la policía cercaba a los manifestantes para luego hacer uso de sus armas de fuego.

Este cercamiento por tierra y aire son la expresión más viva de las masacres, una imagen que calca con la consumación de un “estado de sitio” en este país andino-amazónico.

A esto se une la carta blanca para la “pacificación” de Áñez, cuyo objetivo represor da luces sobre cómo se conforma la estructura de poder en Bolivia en estos momentos. Un nuevo modelo de contrainsurgencia, en el que todo disidente del gobierno de facto o seguidor del Movimiento Al Socialismo (MAS) es sospechoso de sedición y terrorismo, estaría apostándose con las masacres en Cochabamba y El Alto.

El asesinato a mansalva por motivos de control social, ordenamiento del campo político y transmisión de miedo hacia la psique colectiva de la población es el paso que confirma el asentamiento del estado de sitio en Bolivia, donde no existen garantías bajo contexto constitucional que ampare asomo alguno de justicia para las víctimas. Donde el cambio de régimen se lleva a cabo a tracción de sangre.

En ese sentido, la tarea consiste en no dejar que las masacres de Sacaba y Senkata se disuelvan en la memoria, pues representan en su justa medida una radiografía de la represión actual en Bolivia.

Somos un grupo de periodistas e investigadores independientes dedicados a estudiar la guerra contra Venezuela y el conflicto global. Nuestro contenido es totalmente libre. si deseas contribuir con nuestro trabajo puedes hacerlo aquí ←

The Sacaba and Senkata Massacres: How State Terrorism Operates in Bolivia

Mison Verdad
On November 15, a massacre was carried out in Sacaba, in which the military and police murdered citizens and coca growers of the Chapare (Photo: Jorge Abrego / EFE).

After a few days of gathering information in El Alto, the delegation assigned by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) for Bolivia, headed by Pablo Abrao, affirmed that “there are no guarantees” for an impartial investigation into the November massacres perpetrated by the armed forces and police that were part of the coup d’état against Evo Morales.

The victims of the massacres in Senkata (El Alto) and Sacaba (Cochabamba) gave testimony of the events to the IACHR, which being the human rights wing of the Organization of American States (OAS), it is paradoxical that a voice is raised in solidarity with those who have suffered the most after the change of regime.

The IACHR rapporteur for Human Rights Defenders, Francisco José Eguiguren, said in an interview with CNN that the entity is going to propose “that an interdisciplinary and international group of experts should be constituted,” which should investigate “in depth the events that occurred after the resignation of President Morales and the electoral annulment, which have caused at least two clearly verified massacres, one in El Alto and the other in Cochabamba”.

This initiative was supported by deposed Morales, who has been denouncing the process of persecution and political repression carried out by the de facto government headed by the self-proclaimed senator Jeanine Áñez since his exile in Mexico.

We support @IACHR’s proposal to form an external group to investigate the massacres of the de facto government. This support is urgent because in #Bolivia there is no rule of law that provides guarantees for national human rights organizations, which are besieged by fascist clash groups.

– Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 30, 2019

On the other hand, another delegation, from Argentina, went to corroborate the allegations of human rights violations in Bolivia, an investigation that was aggressively torpedoed both by citizens who support the current de facto government and by “minister” Arturo Murillo himself.

The Argentine delegation corroborated, through the compilation of information, testimonies and first-hand data, that “crimes against humanity” have been committed in Bolivia after the inauguration of Áñez.  Quoting  Página/12:

“The delegation spoke of ‘systematic human rights violations’ after having corroborated crimes such as ‘forced disappearance of persons’, ‘situations of torture in public spaces’, ‘rape and sexual crimes’ and ‘lack of procedural guarantees for detainees’, among other crimes that account for ‘the situation of terror’ they found there.

“The delegation said they had evidence of the ‘explicit support’ of foreign countries in the coup d’état that overthrew Evo Morales. We have testimonies of multiple contacts of foreign officials with key actors in the coup, particularly with Fernando Camacho,” they underscored when detailing the particular context in which the human rights violations were unleashed.

“We have verified that the repressive system set up by the de facto government has caused dozens of deaths, hundreds of arbitrary detentions, thousands of wounded, countless cases of pressure, torture, rape and other crimes against the physical, psychological and sexual integrity of the victims, who are men, women, children, the elderly and members of collectives,’ they said.

“The interdisciplinary group also placed special emphasis on ‘coordinated massacres against the civilian population’, referring specifically to the repressive attack in Senkata, when the military opened fire on a fuel plant.

In total, the Argentine delegation denounced 11 crimes framed in the violation of fundamental rights recognized by international law.

We share our preliminary statement on the situation in Bolivia. We request maximum circulation: https://t.co/DeLdQ8tIWi

– Deleg Argentina Solidarity with the Bolivian people (@DelegArgBolivia) November 30, 2019

It is clear that the characterization of massacre applies, in the opinion of the IACHR and the independent group referred to, to what happened in mid-November in the context of the coup in Bolivia.

The facts

On November 15, the self-proclaimed Jeanine Áñez signed a decree authorizing the military to use “all available means” to neutralize the massive demonstrations against the coup.

Article 3 of the so-called supreme decree number 4.078 established: “The personnel of the armed forces participating in operations for the restoration of internal order and public stability shall be exempt from criminal responsibility when, in the performance of their constitutional functions, they act in legitimate defense or in a state of necessity and proportionality, in accordance with Articles 11 and 12 of the Penal Code. Law 1760 and the Code of Criminal Procedure”.

The next article states that the military “must frame their actions in accordance with the Manual on the Use of Force approved by supreme decree 27.977 dated 14 January 2005, and may use all available means that are proportional to the risk of the operations”.

This de facto government decree constructed the “legal” framework for the two greatest repressive acts in Bolivia since Evo Morales was deposed.

It was that same day, November 15, when nine (9) people were massacred with bullets by the armed forces and police in El Alto, coca growers of the original peoples marching in Sacaba (Cochabamba) towards La Paz due to the unconstitutional degradation of the Wiphala, representative flag of the plurinational State, and against the coup d’état and repression.

The number of wounded rose to 122.
The definitive data are from the Ombudsman’s Office (Defensoría del Pueblo).

The testimonies speak of the terror experienced by the survivors and the wounded, who were unarmed before the military-police front that shot at the crowds of people protected by a decree that was highly criticized by their victims. Most of the victims were part of the union structure of the Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

The next day, November 16, another demonstrator was murdered in Sacaba.

On November 19, in Senkata (El Alto), in front of the Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos fuel plant, military-police repression killed seven people. Sixty were also injured. All by bullet impact.

A video was made viral at the site where a doctor denounces the massacre while helping the wounded, who was then unjustly detained by the government of Áñez due to the audiovisual, a gesture of judicial retaliation. The doctor asked for help and said that “they are killing us like dogs”.

The next day, as part of the same repression operation at the plant, since the official order was to recover the flow of fuel to La Paz, a person was killed by the military-police apparatus. On November 22, another victim was massacred.

Reports and autopsies indicate that the deaths of both massacres were caused by impacts to the head and torso, more than enough to show that they were shooting to kill. Licensed to slaughter.

It must be said that the operation was “successful”, as it neutralized the resistance of the anti-coup demonstrators by force of blood and mud.

Since the beginning of the Bolivian conflict, the Ombudsman’s Office reports that there have been 34 deaths, 832 wounded and 54 detained.

The latest victim of the repression in El Alto was the death of one person on November 27. Ten people died in the Senkata massacre.

On Thursday, November 28, Áñez withdrew Decree No. 4,078, alleging that his government had achieved the “longed-for pacification” of Bolivia.

Government of Facto de Bolivia abrogated a decree that exempted the Armed Forces from criminal responsibility in repression actions pic.twitter.com/mzlQRtK1tg

– Larissa Costas (@Larissacostas) November 28, 2019

With this cessation of immunity from official repression, an operation of whitewashing of the massacres culminated that began with the words of the coup apparatus amplified by media allied to regime change. A testimony from Senkata said: “They are killing us and there is no Bolivian channel”.

Media coverage of the crime

What the media projects until the present day is that Morales was a “dictator” who “sought his own coup,” a line of opinion shared both by Infobae columnists and by a certain “left”. The so-called “civil society” leaders, especially the wealthy businessmen of Santa Cruz (Bolivian economic center), along with “young students” and “ordinary people” achieved a propitious climax for the “recovery of democracy”.

The narratives for a regime change do not differ much from the manual if it is a coup d’état tutored by the OAS and the U.S. government. The self-proclaimed Áñez herself thanked CNN “for all the coverage of what has happened in Bolivia,” a confession that evidences the active role of the media in the construction of meaning and perception of events.

This coverage, not surprisingly, only gave voice to the executioner, not to the victim.

In the framework of the Senkata massacre, the armed forces justified the military intervention from the first moment by means of a communiqué, which referred to the Manual on the Use of Force in Internal Conflicts, signed in 2005 by Carlos Mesa, then president, perhaps meaning that the impunity provided by Decree No. 4.078 was not necessary in this case because it was a “Strategic Essential Public Service”: the flow of fuel had to be re-established however it happened.

“We called for maintaining rationality in order to avoid irreversible damage to people, to the public and private property of the sector”: the bloody repression was thus justified with a neolanguage that spoke of “rationality” and “irreversible damage” when the victims were the object of massacres.

In fact, the deaths were excused by the army as necessary to “avoid a greater evil” by citing a technical report. In the media, they repeated that if the advance of “agitators and ardent vandals” had not been contained, a chain explosion could have been generated after the hypothetical affectation of the central gas containers as a result of the shooting, which could have caused thousands of deaths.

Those same media, both Bolivian and international, spoke of “clashes” and “confrontations” between the military-police corps and the unarmed demonstrators, in order to avoid that uncomfortable word called “repression” (if the case were -again- in Venezuela, Cuba or Nicaragua, the terms would be inverted).

These arguments do not stand up to the slightest analysis of the facts, as has been demonstrated by the Ombudsman’s Office, the IACHR and the Argentine delegation.

https://i1.wp.com/misionverdad.com/sites/default/files/styles/mv2_820/public/heridos_masacre_de_sacaba_bolivia.jpgDemonstrators injured inside an ambulance in Sacaba (Cochabamba) on the day of the massacre (Photo: Danilo Balderrama / Reuters)

The silence in the media and social networks around what happened in Sacaba and Senkata is the icing on the cake for the whitewashing of the massacres, which catalyzes the shock of the population as a consequence of the events towards an assimilation of violent death. The fear of murder without impunity transcends the official and media discourse on the psyche of anyone who tries to mobilize within the framework of the post-coup conflict.

The forced departures from the air of TeleSur and RT channels in Bolivia are part of this narrative shield for the criminal cover-up of the de facto government, with the banner of censorship.

That is why the IACHR rapporteur in Bolivia insists: “Despite the fact that official information speaks of deaths in clashes between civilians, we believe that an international investigation is required because we do not internally find guarantees for an impartial and firm investigation”.

Reasons for a massacre

The massacres are often referred to as “irrational,” because for a massacre to occur there is a trigger but not a cause. However, the analysis leads to the conclusion that Sacaba and Senkata were calculated acts, which at least clarify the testimonies and reports of the events.

Just days after the repression in Cochabamba, Evo Morales denounced via Twitter that the coup plotters were seeking to consummate a “state of siege” in Bolivia.

Instead of pacification, they order defamation and repression against brothers in the countryside who denounce the coup d’état. After massacring 24 indigenous people, they are now preparing a State of Siege. It would be the confirmation that by asking for democracy they installed a dictatorship.

– Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 18, 2019

The victims and relatives of the fallen have denounced to alternative media that managed to cover the pertinent testimonies of the ongoing repression, that “they are killing us,” “they are shooting at us like animals,” asking for justice.

They detail how the military fired from helicopters, how the police surrounded the demonstrators and then used their firearms.

This enclosure by land and air is the most vivid expression of the massacres, an image that traces the consummation of a “state of siege” in this Andean-Amazon country.

Added to this is the carte blanche for the “pacification” by Añez, whose repressive objective sheds light on how the power structure in Bolivia is currently being shaped. This new counterinsurgency model, in which every dissident of the de facto government or follower of the Movement Toward Socialism (MAS) is suspected of sedition and terrorism, would support the massacres in Cochabamba and El Alto.

The murder of the masses for purposes of social control, ordering the political landscape and transmitting fear towards the collective psyche of the population is the step that confirms the establishment of the state of siege in Bolivia, where there are no guarantees under the constitutional context that would protect any form of justice for the victims. Where regime change takes place through drawing blood.

For this reason, the task is not to let the Sacaba and Senkata massacres dissolve in memory, since they represent in their proper measure an X-ray of the current repression in Bolivia.

Translation by Internationalist 360º

Source: https://libya360.wordpress.com/2019/12/04/the-sacaba-and-senkata-massacres-how-state-terrorism-operates-in-bolivia/

Dalla preparazione al golpe boliviano fino alla nomina come presidente ad interim della senatrice Anez

di Vincenzo Imparato
lunedì 18 novembre 2019

Continuano a essere giorni molto difficili in Bolivia dopo che l’accusa di brogli alle elezioni del 20 Ottobre hanno scaturito il golpe a danno dell’ormai ex presidente Evo Morales. Nei giorni successivi alle accuse si sono registrate numerose manifestazioni da parte dell’opposizione e della classe medio-borghese (la cosiddetta parte “bianca”, come definita dai boliviani) nei confronti di Morales.


In queste ore invece, stiamo assistendo a vere e proprie rivolte molto più violente da parte di migliaia di manifestanti anti-golpe. Ieri circa 20.000 indigeni erano in marcia verso La Paz.

La preparazione al golpe
Già dallo scorso luglio gli Stati Uniti hanno messo in atto una precisa strategia golpista che avrebbe previsto l’accusa di brogli durante i conteggi. La strategia dei media e dei social network, le numerose campagne di “fake news” verso il presidente, la manipolazione di alcuni settori strategici della società boliviana (universitari, medici, attivisti ambientali), avevano già originato un clima molto ostile verso Morales ancor prima delle elezioni. La corruzione di alti vertici militari molto vicini al presidente, ha rappresentato il perno principale per ribaltare il governo una volta sopraggiunta l’accusa di brogli. Da tutto questo l’opposizione ne è uscita molto rafforzata.
D’altro canto, le pressioni da parte dell’ambasciata USA verso l’autorità elettorale boliviana “TSE” (Tribunal Supremo Electoral), avrebbero avuto come obiettivo di segnalare presunte e infondate irregolarità durante lo spoglio.
La notte di chiusura delle urne
Dopo la articolata fase di manipolazione, tutto è iniziato nella stessa notte delle votazioni. Vari problemi logistici dovuti alla comunicazione del primo spoglio, hanno causato il blocco dei terminali di conteggio per circa per 23 ore.
Il sistema boliviano, attraverso il “TSE” prevedere la pubblicazione del risultato finale delle elezioni attraverso due conteggi. 
Il primo “quick count” è un sistema adottato da molti paesi latinoamericani per poter comunicare i primi risultati, seppur indicativi, ai media del Paese. Il secondo “official count” è quello che decreta i risultati ufficiali delle elezioni.
Dopo i risultati del primo conteggio, l’opposizione che ancora non si era sbilanciata, ha atteso la pubblicazione del report da parte dell’Organizzazione degli Stati Americani “OAS” (finanziata per metà dal governo degli Stati Uniti con l’obiettivo di essere un forum politico per assicurare la soluzione ai problemi politici e rinforzare le democrazie e i diritti dell’uomo, http://www.oas.org/en/). L’istituto dichiarava la scarsa autenticità del primo conteggio, non specificando però come questo avrebbe potuto influire sul risultato finale del secondo, trattandosi appunto di due spogli differenti.
In poche parole, il report sosteneva la presenza di alcune difformità riguardo i trend dei risultati del primo e secondo spoglio.

Successivamente al report dell’OAS, viene pubblicato anche quello del Center for Economic and Policy Research (CEPR) dove sostiene che l’accusa è totalmente di parte e infondata. Afferma l’inesistenza di qualsiasi tipo di difformità dei trend tra i due spogli.
Il CEPR sostiene che al primo conteggio erano stati presi in considerazione solo l’83.85% dei seggi e che il partito di Morales era in vantaggio di soli 7 punti percentuali sull’opposizione (ricordiamo che secondo il sistema elettorale Boliviano il presidente Morales sarebbe stato eletto con un distacco superiore di 10 punti) semplicemente perché non erano ancora stati conteggiati i voti delle zone rurali della Bolivia: aree geografiche con un forte consenso a favore del MAS. Come in tutte le ultime elezioni, lo spoglio per quelle aree avviene in un secondo momento a causa delle difficoltà logistiche e strutturali del territorio.
Inoltre, l’istituto dichiara che “nessun organismo ha dimostrato concretamente la presenza di brogli alle elezioni del 20 Ottobre. Sia il primo che secondo spoglio, non hanno mostrato cambi significanti nei trend di votazioni”, sottolineando che nessun dato dimostra come il blocco tra il primo e secondo conteggio abbia potuto alterare il risultato finale. (http://cepr.net/images/stories/reports/bolivia-elections-2019-11.pdf?v=2).
La conseguenza delle accuse
La pubblicazione dell’OAS, bensì non dimostrasse nessuna chiara evidenza di brogli, ha avuto una grossa influenza sui media boliviani e su tutta l’opinione pubblica. L’opposizione capitanata da Luis Fernando Camacho, grazie al supporto militare, ne ha approfittato mettendo in atto una vera e propria rivolta civico-poliziesca dirigendosi a Palazzo Quemado (sede della presidenza della repubblica boliviana) per rovesciare il governo presieduto da Morales.
La classe medio-borghese, che da anni è inasprita dalle politiche di Morales, accusa il presidente di non aver colmato in modo meritocratico le posizioni del nuovo potere da lui definito egualitario. Incolpa Morales di esser diventato sempre più “statista” e di aver favoreggiato l’ascesa delle classi contadine danneggiando quelli che prima facevano parte delle cosiddette “classi alte” del Paese. In sostanza sostiene che l’assolutismo sia sempre più presente negli alti ranghi della società boliviana.
Dopo le varie accuse internazionali e le continue proteste pianificate a tavolino, Morales dichiara la disponibilità per un nuovo conteggio anche con la supervisione dell’OAS e di un numero di governi esteri a garanzia. Carlos Mesa (l’altro candidato alle presidenziali) ha però pubblicamente rigettato la proposta manifestando di non accettare nessun tipo di doppio controllo deciso da una sola controparte in gioco.
A pochi giorni dalle continue rivolte e dopo numerosi feriti, Il capo delle forze armate ha velatamente imposto a Morales, in diretta tv, di lasciare la Presidenza e il Paese per “la pace e la stabilità della Bolivia”. Comunicava la mancanza di supporto da parte di tutto il corpo militare.
Morales lascia così la Bolivia rifugiandosi in Messico, dove riceve asilo politico dal governo di sinistra in carica. Ancora, dopo nomina come presidente ad interim della senatrice di opposizione Jeanine Anez del partito Unidad democratica, ha dichiarato la stessa essere “una autoproclamazione”, sostenendo il golpe come “il più subdolo e nefasto della storia”.
Sotto il silenzio generale di tutte le principali potenze mondiali (Unione Europea compresa), Trump si è schierato a supporto dell’opposizione giudicando il golpe una “vittoria per la democrazia”.
Da qui sono quindi partite tutte le violente rivolte anti-golpe a cui stiamo assistendo in queste ore. Rivolte che contano l’adesione di migliaia di manifestanti con numerosi morti e feriti annessi. Numeri che di certo non sorprendono visto l’alto consenso alle urne (47%) della popolazione boliviana nei confronti del presidente Evo Morales.
Foto di John Mounsey da Pixabay 

Preso da: https://www.agoravox.it/Dalla-preparazione-al-golpe.html

Bolivia: licenza di uccidere

di Pressenza – International Press Agency (sito)
lunedì 18 novembre 2019 
Sono nove i morti e centoventicinque i feriti di quello che verrà ricordato come il massacro di Cochabambaqui la lista dei morti certificati dall’IDIF (Istituto di Investigazione Forense).
di Luca Cellini

Il funerale di alcune persone morte in Bolivia durante le ultime proteste (Foto di El dicos)

“Un atto di repressione durissima da parte delle forze di polizia boliviane, quello avvenuto a Sacaba, nel centro del Paese, e non “un confronto”, come avevano definito i rappresentanti dell’autoproclamato governo boliviano dopo le dimissioni di Evo Morales.” È quanto ha denunciato Nelson Cox, rappresentante e difensore del popolo del distretto di Cochabamba, riportato ieri dal giornale “Opinion”.
Tutte le persone assassinate sono state raggiunte alla testa oppure al torace da colpi di arma da fuoco sparati dalla polizia.
Con il massacro di Sacaba è salito a 25 il numero delle persone uccise in Bolivia durante le proteste della popolazione.
L’escalation repressiva, i morti e le violenze sono cresciute in modo vertiginoso dopo l’annuncio dell’autoproclamato governo di Jeanine Añez che ieri ha anche approvato il decreto 4078, che “declina” ogni tipo di responsabilità e impunità totale alle forze militari e di polizia chiamate alle “operazioni per il ripristino dell’ordine interno e della stabilità pubblica”.
Di fatto è un decreto che dà licenza di uccidere, carta bianca di sparare a vista ad ogni persona che protesta in Bolivia, senza che per queste azioni poi la polizia e i militari rispondano in alcun modo di fronte alla legge.

Il decreto 4078 Il decreto 4078

Il decreto come scritto al suo interno “stabilisce che le forze armate possono utilizzare tutti i mezzi disponibili in modo proporzionale e discrezionale al rischio delle operazioni”.
Detto in altre parole, “ogni mezzo” significa che se i militari decidono di usare i fucili mitragliatori per sparare alla popolazione, come d’altronde stanno facendo in queste ore, hanno piena libertà di farlo senza poi doverne rispondere a qualcuno.
La Commissione Interamericana per i Diritti Umani (IACHR), oggi ha denunciato come un crimine l’ordine e il decreto emesso dal governo autoproclamato di Jeanine Añez, dichiarando che “alle Forze Armate Boliviane (FAB) che scendono in piazza a reprimere ogni protesta, è stata data autorizzazione a procedere con ogni mezzo assicurandogli l’impunità totale.
“È una licenza di impunità per massacrare la gente”, ha scritto ieri Evo Morales dal suo account Twitter.
La presenza della FAB (Forze Armate Boliviane) sulle strade del paese e sulle strade delle principali città è iniziata a partire da lunedì sera scorso, dopo che la polizia nazionale boliviana (PNL) ha chiesto rinforzi militari in vista delle rivolte, in particolare avvenute nella città di El Alto.

Bolivia, El Alto Bolivia, El Alto

È da lunedì notte infatti che sulle città di La Paz e di El Alto hanno iniziato a sorvolare nei cieli aeroplani ed elicotteri militari, e i carri armati stazionano quotidianamente nei dintorni di Plaza Murillo, a La Paz, dove si trova la sede del Governo e del potere legislativo espresso dal Parlamento. La Bolivia di fatto oggi è in uno stato d’assedio da guerra civile.
L’escalation della situazione si è esacerbata dopo le dichiarazioni della Añez, quando nei giorni scorsi ha prima affermato di dover affrontare azioni di destabilizzazione da parte di “gruppi sovversivi armati”. Giustificando poi in questo modo ben tre cose: l’operazione militare, il sostegno legale alle forze di polizia, e la narrazione delle azioni che seguiranno, genocidio e massacro della popolazione indios, definendole come “ripristino dell’ordine democratico”.
I rappresentanti del MAS chiedono subito nuove elezioni, ma la destra che ha preso di fatto il potere senza essere stata mai eletta da nessuno, sostiene che adesso non è possibile perché bisogna affrontare prima l’emergenza e il ripristino dell’ordine pubblico a fronte dei disordini che ci sono in tutto il Paese. Dichiarazione surreale e comica questa, se non ci fossero di mezzo morti, feriti e tanta sofferenza, perché sono le stesse azioni violente e criminali della destra per tramite delle squadracce di Camacho e Mesa che in questi giorni hanno fomentato e creato i peggiori disordini e le condizioni per arrivare di fatto a una situazione di escalation da vera e propria guerra civile.
Da sottolineare che in questi ultimi giorni, persino tra i simpatizzanti della destra boliviana si sono manifestate molte perplessità e contrarietà dopo l’emissione del decreto 4078, che di fatto è una licenza di uccidere e massacrare la popolazione. Alcuni esponenti moderati della destra hanno proposto come mediazione di tornare subito ad elezioni perché si arresti subito il processo di violenza in corso, ma l’autoproclamata presidente Jeanine Añez pare non sentirci proprio da quell’orecchio.
Ma questo non è tutto, dall’altra parte, sul fronte informazione e narrazione dei fatti, l’autoproclamato governo di Jeanine Añez sta operando minacce e intimazioni di ritorsioni alla stampa locale per mantenere il più possibile una coltre di silenzio, nel tentativo di cercare di rendere invisibile quel che accade nel Paese.
Il piano della destra boliviana più intransigente è molto semplice, arrivare ad elezioni in uno stato di emergenza proclamato, con un controllo di tutto il Paese da parte delle forze di polizia e dei militari, e nel frattempo indebolire, fiaccare e impaurire con uccisioni, ferimenti e arresti, le forze sociali e politiche che si stanno opponendo a questo tentativo di golpe che viene ancora presentato da Jeanine Áñez come “cambio democratico”.
Dopo le dimissioni di Evo Morales, la senatrice Jeanine Áñez si è autodichiarata presidente del paese. Il giorno in cui si è autoproclamata alla guida del Paese, la Áñez è entrata nel palazzo del governo, noto come Palazzo Bruciato, portando una bibbia in mano, ed esclamando: “Grazie a Dio che ha permesso alla Bibbia di rientrare nel Palazzo!”.

Jeañine Añez con la bibbia in mano all'entrata al Palazzo Bruciato il giorno in cui si è autoproclamata presidente Jeañine Añez con la bibbia in mano all’entrata al Palazzo Bruciato il giorno in cui si è autoproclamata presidente

Le posizioni della Añez a quanto si può leggere sul suo profilo pubblico sono fortemente razziste e segregazioniste nei confronti della popolazione indigena che rappresenta quasi i 2/3 della popolazione.
Come ad esempio si può leggere in un tweet che la Añez ha già eliminato dal suo profilo, ma il cui screenshot è stato pubblicato prima che Jeanine Añez lo togliesse, dove definisce i rituali e le usanze culturali indigene come riti satanici, affermando inoltre che la città non è per gli “indios” ma che devono tornare nell’altopiano o nel Chaco.

Jeanine Añez profilo Twitter Jeanine Añez, dal suo profilo Twitter

Da segnalare inoltre che in rete e sui social proprio in queste ultime ore stanno circolando un gran numero di video che mostrano bruttissime violenze contro le comunità indigene, le quali rappresentano circa il 64% di tutta la popolazione boliviana.
*Nel video la testimonianza di un parente di una delle persone uccise dalla polizia boliviana nel distretto di Cochabamba.
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Preso da: https://www.agoravox.it/Bolivia-licenza-di-uccidere.html 

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE IN BOLIVIA. Colpo di Stato, ma il legittimo Presidente, Evo Morales, in esilio in Messico, resisterà, in nome del socialismo. Articolo di Luca Bagatin

13 novembre 2019.

Il 20 ottobre, in Bolivia, il socialista Evo Morales – forte dei suoi successi in campo sociale, economico e politico (drastica riduzione della povertà, dell’analfabetismo, forte aumento del PIL) – aveva vinto per un terzo mandato, le elezioni presidenziali, con il 47% dei consensi. Una cifra che, per la legge elettorale boliviana, avendo battuto il suo avversario di oltre 10 punti percentuali, gli ha garantito la rielezione, senza passare per il ballottaggio.
Ad ogni modo, l’opposizione di centro e di centrosinistra, guidata da Carlos Mesa, ovvero lo sconfitto delle presidenziali con il 35,%% dei consensi, ha sin da subito tentato di fomentare la piazza contro il Presidente eletto.
Nel corso dei giorni si è addirittura arrivati ad una escalation di violenza, con poliziotti ammutinati e gruppi paramilitari guidati dall’opposizione, con il concorso di gruppi razzisti e di estrema destra, pronti a organizzare un golpe per defenestrare Morales. Gruppi che hanno occupato le sedi della tv statale “Bolivia Television”, della radio statale “Radio Patria Nueva” e quella della Confederazione del sindacato dei contadini , catturando e intimidendone i giornalisti, oltre che dando alle fiamme le case di due governatori socialisti e della sorella del Presidente Morales.
Anche qui, come in Venezuela, il copione è il medesimo: destra, centro e centrosinistra uniti – in forme antidemocratiche – contro il socialismo che ha vinto le elezioni e, in tutti questi anni, ha garantito pace sociale e prosperità civile.
Uno scenario che ricorda, peraltro, il colpo di Stato in Cile contro il Presidente socialista Allende, guidato dal dittatore Pinochet nel 1973 e sostenuto dagli Stati Uniti d’America e dagli economisti liberali della “Scuola di Chicago”.
Anche in questo caso, la cacciata di Morales, farebbe comodo agli USA, i quali vorrebbero – come in Venezuela e nel resto dell’America Latina – che a comandare ritornassero le multinazionali statunitensi e i ricchi oligarchi liberal capitalisti.
Una situazione allarmante e pericolosa per la democrazia boliviana, di cui i grandi media parlano poco o nulla, ma segnalata con forza dal Papa dei cattolici Bergoglio, il quale, ha immediatamente esortato a un clima di pace. Pace richiesta immediatamente dal Presidente Evo Morales, il quale, nonostante sia risultato il vincitore, ha annunciato nuove elezioni e il rinnovo dei componenti del Supremo Tribunale elettorale.
Il Presidente Morales ha così richiesto la cessazione di ogni forma di violenza e il rispetto delle famiglie, delle proprietà, delle autorità e di ogni settore sociale. “Tutto ciò che abbiamo in Bolivia è l’eredità del popolo boliviano, possiamo farci del male, quindi chiedo a tutti di garantire una convivenza pacifica, di garantire la fine violenza per il bene di tutti “, ha dichiarato Morales, il quale, costretto dai golpisti a lasciare il Paese, ha ricevuto – nei giorni scorsi – asilo politico in Messico, grazie all’invito del presidente socialista Andres Manuel Lopez Obrador. “Voglio dare il benvenuto a Evo Morales e alla sua delegazione in Messico. E’ un giorno di allegria perché l’asilo che si offre a Morales è effettivo e in Messico sarà protetto”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard.
Evo Morales, ringraziando il Presidente Obrador, ha altresì dichiarato che continuerà la sua lotta per il ritorno in patria e per rivendicare la sua vittoria elettorale, contro gli usurpatori. Morales ha peraltro fatto riferimento all’autoproclamatosi Presidente della Bolivia, ovvero alla deputata liberale Jeanine Anez Chavez, la quale, oltre a rappresentare l’oligarchia ricca e il fondamentalismo evangelico, ha espresso – nei “social” – giudizi razzisti nei confronti della comunità indigena boliviana.
“Si è consumato il golpe più subdolo e disastroso che la storia ricordi. Un senatore di destra si è autoproclamato Presidente del Senato e poi Presidente ad interim della Bolivia senza un quorum legislativo, circondato da un gruppo di complici e guidato da settori della polizia e delle forze armate che reprimono il popolo con la violenza”, ha dichiarato Evo Morales, facendo presente che la Anez Chavez si è autoproclamata Presidente in un Parlamento nei quale la maggioranza assoluta dei deputati, ovvero quelli del Movimento al Socialismo, si è rifiutata di partecipare al voto in aula per la sua proclamazione, di fatto, disconoscendola.
Appoggio al Presidente eletto Evo Morales è giunto immediatamente dai governi di Venezuela, Nicaragua, Uruguay, Argentina, Cina, Russia, e Siria, mentre gli USA meditano di utilizzare tale colpo di Stato per tornare nuovamente a destabilizzare i legittimi governi socialisti di Venezuela e Nicaragua.
Il Presidente socialista del Venezuela, Nicolas Maduro, ha dichiarato a proposito della volontà di Trump di rovesciare i governi socialisti dell’America Latina: “Volete lo scontro ? Andremo a questo scontro per la pace, la Patria, la sovranità e per la rivoluzione bolivariana del Venezuela”. Ed ha aggiunto: “La vittoria ci appartiene e lo dimostreremo nelle strade con la nostra unione civico-militare”.
Sostegno a Evo Morales anche dal cantautore britannico Roger Waters, cofondatore dei Pink Floyd, il quale – attraverso un video pubblico – gli ha espresso solidarietà politica e umana e totale contrarietà al golpe liberale in corso.
Il socialismo latinoamericano non soccomberà, nemmeno questa volta.
L’amore del socialismo e della democrazia popolare prevarrà anche questa volta, sull’odio dei più ricchi, dei razzisti, dei sostenitori della violenza e dell’autoritarismo liberal capitalista.
Luca Bagatin

 
Preso da: http://amoreeliberta.blogspot.com/2019/11/aggiornamento-situazione-in-bolivia.html